Con Tarancón, más de lo mismo

En unas declaraciones del nuevo consejero Tarancón se pusieron de manifiesto las más primitivas ideas que el PP sostiene en el País Valenciano en relación con las universidades públicas: "La Universidad tiene que entender unas cuantas cosas. Los señores que la dirigen, como son catedráticos y deben ser los más listos de cada familia, lo deben de entender: las políticas universitarias las deciden los ciudadanos a través de un gobierno. Los gobiernos son los que tienen la responsabilidad de las políticas y no pueden abdicar de ella. Del mismo modo que no son los ingenieros los que hacen la política de infraestructuras, las universidades no pueden hacer la política universitaria. Eso deben entenderlo. ¿Inquieta? Yo creo que tiene que estar tranquila en su cometido y no confundir sus objetivos, que son formar lo mejor posible a los alumnos". Los catedráticos saben de sobra que no sustituyen al Gobierno, aunque algunos catedráticos ejercen como representantes políticos. Ahora bien, el catedrático que es elegido para ser rector debe ejercer, en el marco de sus competencias, todas sus responsabilidades políticas. Los que llevamos algunos años haciendo sindicalismo en la universidad recordamos cómo, uno tras otro, todos los consejeros, incluso los del PP, nos han repetido una y mil veces que ellos no pueden marcar las pautas de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la universidad porque la autonomía universitaria es un precepto constitucional que no se pueden saltar. Ahora bien, en esto del saber y el dirigir, hasta el político con fama de ilustrado, tolerante y dialogante puede experimentar la más insospechada de las mutaciones y tornarse, por mor de la designación para un cargo de responsabilidad educativa, en un fiel reflejo de su realidad personal y política. Y, claro, ello puede conducir a manifestaciones impetuosas, salidas de tono y olvidos improcedentes de compromisos políticos previamente adquiridos. El Libro Blanco sobre la financiación de las universidades se esta elaborando con la participación directa de la administración educativa y de quienes gobiernan cada universidad. En este documento, se analiza la situación de las universidades y se proponen medidas para solventar los problemas. Corresponde al Gobierno de la Generalitat, al consejero de Educación, aportar la mayor parte de los recursos económicos de las universidades y optar por solucionar de una u otra forma la financiación global de las universidades. Si está claro que la política universitaria la decide el Gobierno, entonces ¿dónde está la bronca? Las dificultades del gobierno del PP se sitúan en la necesidad de sortear un acuerdo del anterior Gobierno de la Generalitat. Aquel gobierno puso en marcha el primer plan de financiación para las universidades de la Generalitat Valenciana. Por primera vez se proponía a las Cortes Valencianas cuántos recursos económicos se transferían a cada universidad con un criterio previamente establecido y además consensuado entre la consejería y los rectores. Es decir, se abandonaba la práctica seguida hasta 1994, esto es: cada rector tenía que pedirle dinero al director general de turno o al consejero y éste, en función de no se sabe muy bien que razón (aunque es fácilmente imaginable), le asignaba una mayor o menor financiación. Cuando Manuel Tarancón proclama que la política universitaria la hace el Gobierno quiere, evidentemente, decir otra cosa: nosotros, los del PP, que gobernamos aquí queremos repartir los recursos públicos como lo hacían otros antes del 94. No queremos asignar esta cantidad o aquélla en función de unos criterios previamente establecidos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así no podemos presionar a este rector o a aquél otro facilitándole o poniéndole difícil la financiación que necesite. Si no podemos mandar en cada universidad como nos venga en gana, ¿para qué gobernamos? La autonomía que se reconoce a las universidades es muy amplia, pues se manifiesta, según la exposición de motivos de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), en la "autonomía estatutaria o de gobierno, en la autonomía académica o de planes de estudio, en la autonomía financiera o de gestión y administración de sus recursos y, finalmente, en la capacidad de seleccionar y promocionar a su profesorado". Es muy importante para la definición del modelo de financiación de las universidades tener presente que la autonomía universitaria se fundamenta en el reconocimiento que la LRU hace en su preámbulo que "sólo en una universidad libre podrá germinar el pensamiento investigador, que es el elemento dinamizador de la racionalidad moderna en una sociedad libre. La Ley está vertebrada por la idea de que la universidad no es patrimonio de los actuales miembros de la comunidad universitaria, sino que constituye un auténtico servicio público referido a los intereses generales de toda la comunidad nacional y de sus respectivas comunidades autónomas". A ello responde la creación de un Consejo Social y, finalmente, que el control del rendimiento y la responsabilidad sean, en definitiva, la contrapartida de la autonomía. En sus aspectos financieros, las limitaciones más significativas a la autonomía de las universidades son las siguientes: a) Por lo que se refiere a la autonomía del gasto, el requisito que los costes del personal funcionario, docente y no docente, deban ser específicamente autorizados por la comunidad autónoma (art. 54.4), así como las transferencias de gastos de capital a cualquier otro capítulo (art. 55.3). b) Por lo que se refiere a la autonomía de ingresos, la dependencia de la subvención global fijada por la comunidad autónoma, así como las importantes limitaciones para el establecimiento de las tasas académicas, en las que los órganos de cada universidad sólo las deciden para los títulos no oficiales. No hay ninguna duda de que la política universitaria la hace el Gobierno de la Generalitat en casi todo. Este Gobierno es el responsable de crear una universidad pública en un sitio y otra privada más allá. Puede crear 20 más y no necesita el permiso de ningún rector, sólo precisa el informe preceptivo del Consejo de Universidades. El Gobierno de la Generalitat es el único responsable del precio que hay que pagar por acceder a la Universidad, es el único responsable de las becas, si son pocas o muchas, si están suficientemente dotadas económicamente, bien o mal repartidas... Pero dice la Constitución, la LRU y los estatutos de cada universidad que en determinados asuntos bien explicitados en los textos legales ningún Gobierno puede interferir. Si el espacio legal del que disponen se les antoja estrecho para sus fines, si no les gusta, cambien la Constitución, cambien la LRU y eliminen los estatutos de las universidades. Todo eso, por el momento. Acto seguido, y ya puestos, digan qué hay que investigar, qué hay que enseñar, qué hay que opinar, qué hay que pensar. Demuestren su centrismo de una vez por todas. Las universidades públicas valencianas necesitan un consejero que sea capaz de favorecer el consenso entre todas las universidades, consenso para la financiación, para las titulaciones, para las extensiones universitarias, etc.

Bernat Asensi, de la Secretaria d"Universitats de la Federació d"Ensenyament CC OO-PV.