Las empresas de Can Batlló se asocian para retrasar su desalojo

Las más de 250 empresas que se encuentran en alquiler en el polígono barcelonés Can Batlló, en Sants, acaban de constituir una plataforma de afectados ante la inminente inicio del proceso de recalificación de la zona, que el Ayuntamiento ha decidido destinar a viviendas, zonas verdes, viales y equipamientos sociales. Los empresarios piden una fase transitoria de al menos 10 años para amortizar sus inversiones, reubicar los negocios y defender los puestos de trabajo.

El Ayuntamiento presentará su propuesta de modificación del Plan General Metropolitano tras las vacaciones de Semana Santa, la cual quedará abierta a modificaciones hasta su definitiva aprobación, que no se prevé que ocurra hasta después del verano tras el visto bueno de la Generalitat. Para ejecutar sus planes, el Ayuntamiento deberá negociar con Inmobiliaria Lles, propietaria de de los 86.000 metros cuadrados que componen la antigua Fábrica Batlló. Esta empresa afirma que sólo se avendría a un acuerdo si se le dejan 3.500 metros cuadrados para levantar cuatro edificios de 18 plantas destinados a vivienda de alquiler, que sumarían 60.000 metros cuadrados edificables. El concejal de Sants-Monstjuïc, Pere Alcober, asegura que esta petición es inaceptable por "especulativa" y advierte de que el Ayuntamiento no descarta expropiar los terrenos. Alcober adelanta que Inmobiliaria Lles será quien tenga que compensar a los inquilinos del polígono: "La propiedad no sólo ha de estar a cobrar, sino que también es responsable de las indemnizaciones". Alcober sí se ha mostrado dispuesto a ayudar a las empresas afectadas para que encuentren nuevos locales en iguales condiciones. Los empresarios, agrupados en la Asociación de Defensa de los Intereses de los Inquilinos Can Batlló, dicen ser 273 pequeñas y medianas empresas, de las que dependen 3.000 puestos de trabajo, aunque no existe un registro oficial. Hay industrias, como Doas, que llevan en el polígono 32 años. Para su propietario, Ramon Asensio, "el Ayuntamiento piensa más en hacer jardines que en salvaguardar puestos de trabajo". José Luis Fonseca, de Salpe, una empresa que cuenta con 65 trabajadores, reconoce estar preocupado porque "el traslado de la maquinaria es muy caro". El administrador de Inmobiliaria Lles, Jesús Castelo, critica al Consistorio en una carta enviada a las empresas arrendadas. En ésta señala que "después de años ociosos, a los técnicos y políticos municipales les ha dado una repentina ansía de resolver este problema antes de las elecciones municipales, y pretenden con una oscura propuesta redactar un plan especial para la zona de Can Batlló". Castelo explica abiertamente que el objetivo de Inmobiliaria Lles es conseguir 60.000 metros cuadrados de edificación nueva. "Somos sensatos", explica, "porque a cambio el Ayuntamiento se quedará con 82.500 metros cuadrados". Desde el Ayuntamiento, sin embargo, se afirma que Can Batlló es zona industrial en precario en transformación a equipamientos. Según Pere Alcober, "ahora se quiere ejecutar este derecho legal y la propiedad no puede exigir nada". La calificación actual de los terrenos prevé un 50% para equipamientos, y el resto, en partes iguales, a zonas verdes y viales. El Ayuntamiento quiere construir viviendas, pero para ello ha de recalificar los terrenos. Los vecinos están de acuerdo, pero están alerta por si se decide una edificiación excesiva. Jordi Clausell, de la Coordinadora de Urbanismo de las asociaciones vecinales, también rechaza por "especulativa" la propuesta de Inmobiliaria Lles. Esta operación urbanística, que englobaría un total de 119.000 metros cuadrados, se considera la última reforma de una gran pastilla de suelo de la ciudad. El final de las obras de la plaza Cerdà y del tramo de la Gran Via parece que acelerarán el plan, el cual también afectará a la regularización urbanística de 140 viviendas que hay entre las calles Constitució y Parcerises.