Muerte de un etarra

EL PORTAVOZ de Herri Batasuna (HB), Arnaldo Otegi, no alberga ninguna duda sobre quiénes están detrás de la muerte de José Luis Geresta Mujika, supuesto integrante del comando Donosti de ETA, al que se imputa el asesinato del abogado y militante socialista Fernando Múgica: los aparatos del Estado español. Según la rotunda conclusión del dirigente abertzale, se trataría de "un crimen de Estado". Ninguna hipótesis puede descartarse en casos como éste, en el que se desconocen las circunstancias concretas que rodearon el suceso. Precisamente por eso lo prudente es esperar los resultados de la investigación judicial. Porque en el pasado se hayan dado casos de guerra sucia no puede deducirse de modo mecánico que éste es uno de ellos. Tampoco estaría justificado afirmar con idéntica rotundidad que se trata de un ajuste de cuentas entre terroristas porque históricamente se hayan producido muertes de ese tipo en el cerrado mundo del terrorismo y sus contornos. De la misma forma no hay que descartar la hipótesis que en principio parece más verosímil, aunque resulte la menos grata para sus amigos: que José Luis Geresta se haya quitado la vida por algún motivo hasta ahora desconocido. Es la hipótesis que la Ertzaintza considera más probable, subrayada por los restos de pólvora encontrados en su mano.Además de esclarecer totalmente las circunstancias de la muerte de Geresta Mújika, hay que hacerlo del modo más rápido posible. No sólo para evitar utilizaciones políticas como la de Otegi, sino sobre todo para asegurar mejor el fin de la investigación si la hipótesis de la muerte resultara distinta a la del suicidio. Los familiares del fallecido han exigido personarse en la investigación abierta sobre su muerte. Están en su derecho. Igual que a la hora de pedir una segunda autopsia del cadáver, como finalmente se practicó ayer, si no se fían de la primera porque, según dicen, todavía no estaba plenamente identificada la personalidad del fallecido.

Todos los partidos políticos han pedido un pronto esclarecimiento del caso, al tiempo que se niegan a sacar consecuencias políticas apresuradas. Todos, menos HB. Para los dirigentes de este grupo político próximo a ETA, la investigación del juez huelga, pues ellos ya han establecido la verdad de lo sucedido y han sacado las pertinentes consecuencias políticas. Es evidente que la muerte de Geresta, aunque se demuestre que no participaron en ella otras personas, ya ha sido utilizada políticamente. Y no, desde luego, en el sentido de rebajar el nivel de agresión que desde el entorno de HB se mantiene contra cargos y militantes de partidos no nacionalistas, ni para dejar de amedrentar a jueces, profesores o periodistas que "no colaboran", como sucedió ayer con Fernando Savater cuando presentaba su último libro en San Sebastián.

Lo más llamativo es la presión que los dirigentes de HB han ejercido sobre sus colegas del Pacto de Lizarra para hacerles comulgar con su tesis de "crimen de Estado" antes de conocer lo que realmente ha sucedido. Quizá porque Otegi y los suyos están acostumbrados a imponer a menudo sus puntos de vista no sabían cuál era el límite. Al menos en esta ocasión los dirigentes de los otros partidos nacionalistas han optado por la prudencia mientras no haya indicios concluyentes en la investigación de la Ertzaintza. No así sus concejales de Zizurkil, que han sumado las siglas de PNV y EA al manifiesto de HB, que no consigue sino crispar aún más la situación en el País Vasco.