LA COMUNIDAD ES LA SEXTA POR LA COLA EN TODO EL ESTADO La red pública sólo cuenta con 0,7 plazas residenciales por cada 100 mayores de 65 años. Los "perversos" bonocheques

Alojarse en una residencia pública se ha convertido en un problema para los jubilados de la Comunidad debido a un gran obstáculo: la escasez de plazas. La oferta de ayuntamientos, diputaciones y la Consejería de Bienestar Social para la tercera edad se encuentra entre las más pobres del Estado. Las 590.919 personas mayores de 65 años que residen en las tres provincias valencianas tan sólo cuentan con 4.317 plazas de titularidad pública, es decir una proporción de 0,73 por cada 100 mayores. Esta relación sitúa a la Comunidad en el sexto lugar por la cola, sólo por delante de Galicia, Cantabria, Cataluña, Andalucía y Murcia, según datos de 1998 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

La red valenciana de residencias públicas para la tercera edad tan sólo es capaz de ofrecer un alojamiento por cada 137 personas mayores de 65 años, tal y como recoge la página web del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Trabajo. El Gobierno, en un trabajo que describe la oferta total de plazas residenciales del año 1998, contabiliza un total de 13.585 en la Comunidad sumando públicas y privadas, es decir, 2,3 por cada 100 personas mayores de 65 años. Las tres provincias valencianas no superan la media española ni en número total de plazas ni en la oferta parcial, sean sólo públicas o privadas. Frente a una oferta de 2,81 alojamientos por cada centenar de mayores de 65 años en toda España, en la Comunidad la cifra es de 2,3. En cuanto a plazas públicas, en el Estado hay 0,86 por cada 100 jubilados, una cifra superior a las 0,73 para los mayores que residen en la Comunidad. Por debajo de la media Pese al aliento dado a las residencias privadas mediante el sistema de los bonos residencia -unas subvenciones que reciben los beneficiarios en forma de talonario de cheque que sólo pueden ser usados en las residencias privadas adheridas al programa- las tres provincias valencianas tampoco superan la media nacional de oferta de este servicio privado. En todo el país la relación roza las 2 plazas por cada 100 mayores (1,95), medio punto más que las 1,5 de la Comunidad. Las Islas Baleares son la comunidad que ofrece una asistencia pública más amplia a sus ancianos. A diferencia de la situación que se da en Valencia, las plazas de titularidad pública son más numerosas en las baleares que las privadas. La red institucional balear ofrece 1,86 plazas públicas por cada centenar de personas mayores -casi el triple que la Comunidad- y las empresas privadas 1,15. Por detrás de Baleares, en oferta pública, se encuentra Castilla y León (1,4), La Rioja (1,26) y Aragón (1,22). La escasez de plazas públicas parece no preocupar en exceso a la consejería que dirige Marcela Miró. Las inversiones realizadas por Bienestar Social destinadas a construir nuevas residencias han sufrido un acusado descenso desde el año 1995. Entonces -bajo la denominación de consejería de Trabajo y Asuntos Sociales- se alcanzaron los 1.828 millones de pesetas, una cantidad que no se ha vuelto a alcanzar y que cayó progresivamente durante los años 1996, 1997 y 1998 a 917, 734 y 266 millones de pesetas respectivamente, según fuentes socialistas. A pesar del repunte de inversión previsto para 1999 (465 millones de pesetas) la voluntad de la Administración autonómica de primar la ayuda a las residencias privadas frente a las públicas es evidente. La partida reservada para sufragar el programa de bonos de 1998 fue de 855 millones frente a los 266 destinados a la inversión en residencias públicas. La Comunidad tampoco sale bien parada en una comparación con Castilla y León, la autonomía que guarda mayor similitud con la valenciana en cuanto a población jubilada. Las 510.971 personas mayores de 65 años de la comunidad castellana sitúan a este colectivo cerca de los 590.919 valencianos. Pese a contar con una población jubilada semejante -incluso algo inferior-, la autonomía castellana desbanca a la valenciana tanto en centros y como en número de plazas. Castilla y León, región gobernada por el Partido Popular al igual que la Comunidad Valenciana, cuenta con un total de 420 centros y 23.637 plazas frente a los 243 y las 13.585 plazas que suman las tres provincias valencianas, es decir casi el doble de dotaciones residenciales para la tercera edad. La comunidad castellana también duplica a la valenciana en la relación de plazas públicas y privadas por cada 100 mayores.Los "efectos perversos o indeseables" del programa de los bonocheques no pasaron inadvertidos para la Unidad de Inspección de Servicios Sociales de la propia Consejería de Bienestar Social. En un detallado estudio denunciaron los numerosos inconvenientes que tenía la opción tomada por el gobierno del Partido Popular del bono residencia, una subvención mensual que percibe el beneficiario en forma de talonario de cheques que sólo puede ser empleado en las residencias privadas acogidas al programa y que desvía fondos públicos a los servicios privados de atención a la tercera edad. El informe destacaba, entre sus principales conclusiones, que este sistema penalizaba a los usuarios con menores recursos económicos debido al procedimiento de pago aplazado. Criticaba, además, la carencia de plazas, las "irregularidades" generadas por la tardanza en resolver las nuevas peticiones de ayudas y los abusos de algunas de las 67 residencias privadas adheridas al programa.