La eficacia contra el fuego de los últimos años es similar a la de hace una década. El PP ha inumplido su propia propuesta a las Cortes para unificar las tareas de extinción y prevención

Los socialistas consideran que el triunfalismo con el que el Partido Popular y Unión Valenciana venden la baja incidencia de los incendios forestales durante los cuatro últimos años no está justificado. La bonanza de la meteorología de este cuatrienio, sin que largos periodos de brutal sequía se juramentaran con los vientos de poniente para arrasar los montes, ha sido a su juicio la principal causa del éxito de populares y regionalistas ante el fuego. E insisten en que la eficacia de los últimos años en la extinción es similar a la de hace una década, sólo que con un coste veinte veces mayor.

Para bajar los humos al Consell, los socialistas esgrimen las cifras oficiales de los incendios sufridos a lo largo de la última década, el número de hectáreas arrasadas por el fuego, el índice de eficacia (la media de hectáreas perdidas en cada siniestro) y el dinero invertido por el Consell en las labores de prevención y en las de extinción. Y con estas cifras recriminó recientemente en las Cortes el diputadado del Grupo Socialista Alfonso Arenas al Consell su triunfalismo. El problema siempre es cómo se miren las estadísticas. Y el horno ya estaba caliente, puesto que los partidos ahora en el poder han comparado en esta legislatura el magro botín arrebatado por las llamas de los últimos años con las luctuosas cifras del anterior cuatrienio. Así, tras sumar las 44.426 hectáreas arrasadas en 1991, las 26.188 de 1992 y las 25.966 de 1993, el anterior Gobierno socialista cerró la legislatura con el fatídico 1994, en que ardieron 138.404 hectáreas. Llegado el Gobierno de Eduardo Zaplana y morigerados los vientos, el PP ha sabido sacar brillo a su gestión con cuatro años relativamente benéficos con el bosque. Sólo se quemaron 2.240 hectáreas en 1995, para luego bajar las pérdidas a 765 en 1996 y 832 en 1997. Y únicamente la anterior campaña, donde la cifra se duplicó respecto al año precedente, ha sembrado dudas sobre si realmente el éxito se debe a un buen operativo de prevención y extinción o al capricho de los meteoros. Hartos de lo que consideran un uso electoralista de la casualidad, los socialistas han desempolvado estadísticas aún más viejas. Desde una perspectiva más amplia, las cifras son menos escandalosas. Así, la eficacia ante el fuego en esa legislatura ha rondado entre las dos y las cinco hectáreas por incendio (frente a las 184 del trágico 1994). Unos niveles de éxito que ya se dieron hace una década. Por ejemplo, en 1989, los 405 siniestros desatados quemaron 1.651 hectáreas y la eficacia fue de 4,08 por incendio. Un año antes, en 1988, las llamas fueron aún más benévolas: se declararon 303 incendios, ardieron 849 hectáreas y la eficacia fue de 2,8 hectáreas. ¿Era tan malo el método de extinción empleado en aquellos años y tan bueno el actual? La respuesta siempre estará sesgada por el signo político del partido que vea las estadísticas. Lo que sí es verdad es que el dinero empleado en aquellos años (570 millones en 1988 y 703 al año siguiente) suponen la vigésima parte de lo que se gasta ahora el Consell, con 9.600 millones en la campaña anterior. El aviso de los socialistas al Consell está claro: el éxito no está tan claro, ya se conseguía resultados parejos hace una década con mucho menos dinero; la eficacia este cuatrienio es peor que la conseguida por comunidades vecinas, como Cataluña, Baleares o Murcia; y el verdadero examen vendrá cuando la sequía enseñe sus orejas.A fin de "evitar la progresión del deterior del monte y defenderlo de los incendios forestales", el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes propuso en 1996 en la Comisión Especial de Incedios Forestales, creada dos años antes tras los espectaculares incendios de la anterior legislatura, varias resoluciones encaminadas a modificar la organización de la Generalitat en la materia. Entre las primeras propuestas se ofreció a "volver a la anterior reestructuración jerárquica política y administrativa, con la reasunción de las responsabilidades en materia foretal e incendios forestales por parte de los responsables forestales" y a "someter todas las actividades forestales y de prevención y extinción en una misma consejería (Medio Ambiente)". Tres años después, nada ha cambiado. Las tareas de prevención siguen estando en manos de la Consejería de Medio Ambiente, cedida por el Consell de Eduardo Zaplana a los regionalistas de Unión Valenciana aunque con un presupuesto bastante exiguo, y las de extinción, bajo la jurisdicción del consejero de Presidencia, José Joaquín Ripoll, éste sí, del PP. El Consell ha incumplido así sus propias propuestas que incluso preveían establecer en las tareas de extinción un mando único "a cargo de los técnicos forestales", que llevan años sintiéndos marginados en la lucha contra el fuego. A juicio del diputado socialista Alfonso Arenas, no son éstas las únicas propuestas lanzaas por el PP que ha incumplido a pesar de Gobernar en cómoda mayoría con los regionalistas (que también apostaron por la unificación de la extinción y la prevención bajo un mismo departamento). Según Arenas, el PP tampoco ha elaborado el Catálogo de Zonas Quemadas de la Comunidad Valenciana, ni ha declarado las zonas de alto riesgo ante los incendios, ni ha establecido medidas para frenar el éxodo de las zonas rurales y favorecer un aumento de la calidad y la cantidad de los bosques. Para el parlamentario del PSPV, el correcto índice de sensibilidad ante los árboles del PP la da la reciente modificación de la ley Forestal por la vía extraordinaria de la ley de los Presupuestos. Una modificación que, a su juicio, aumenta la indefinición de lo que es un suelo forestal y por tanto redundará en la pérdida de superficie arbolada.