Gimeno contrata a un bufete para intentar legalizar la marjalería

El alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, ha decidido encargar un informe jurídico a un despacho privado para obtener una base legal que le permita declarar urbanizable el suelo de la marjalería. El presupuesto para la elaboración de este dictamen es de cinco millones y medio de pesetas, pese a que el Ayuntamiento de Castellón, como todos, dispone de sus propios servicios jurídicos. La revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), realizada el año pasado por el PP, evitó uno de los mayores problemas urbanísticos de Castellón: un marjal en el que existen alrededor de 4.000 viviendas ilegales. El equipo de gobierno popular optó por remitir a un plan especial, para el que todavía no se ha fijado fecha de conclusión, que deberá determinar una poco electoralista solución para las construcciones levantadas en suelo no urbanizable. Cabe señalar que, además, el PP contrató un equipo asesor para la redacción del nuevo PGOU al que destinó un presupuesto de 10 millones de pesetas. El grupo de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Castellón, formado por Amelia Ferreres y Joan Julbe, remitió a Gimeno, hace más de un año, un dictamen jurídico en el que le advertía de la protección que prevé la legislación autonómica para todas las zonas húmedas. Junto a éste enviaron los informes técnicos de la Consejería de Medio Ambiente que señalan a la marjalería de Castellón como zona húmeda. Informe a medida Ahora, los concejales de EU consideran que la única intención de Gimeno es obtener "un informe hecho a medida que justifique las ilegalidades consentidas por el Ayuntamiento en esos terrenos y las ansias especuladoras a las que el PP quiere dar rienda suelta". Además, apuntan que "no es lo mismo pedir a un profesional que interprete una norma legal, según su buen criterio, que exigirle un informe jurídico que justifique lo contrario a lo que dice la propia ley". En cuanto al estado en el que se encuentran las viviendas de la marjalería, los ediles de EU indican que todas las edificaciones levantadas antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, en 1995, están legalizadas por "mandato expreso de la diposición transitoria quinta de la ley del suelo de 1992". En este sentido aseguran que las infracciones urbanísticas cometidas en estas construcciones ya han prescrito, por lo que estas viviendas son legales. "Otra cuestión será la situación de las viviendas construidas desde que dicho acto es delito ya que, al tratarse de suelo sujeto a especial protección no prescribe", comentan. Por último, Ferreres y Julbe mantienen que "mienten quienes dicen que van a legalizar las viviendas construidas, porque éstas ya lo están por ley, y mienten los que dicen que se declarará urbanizable el resto de la marjalería porque lo prohíbe la ley y sería necesario cambiarla para que fuera posible".