Despecho y cohecho

Aznar sigue tranquilizándose con el "y tú más", pero en las últimas 48 horas el Tribunal Supremo ha solicitado el suplicatorio para procesar a un diputado y un senador del PP relacionados con el caso Zamora, y el ex presidente de ese partido en Tenerife, Francisco de la Barreda, ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción la documentación en la que fundamenta sus acusaciones contra varios miembros del PP en Canarias.De los varios asuntos de comportamientos supuestamente corruptos o irregulares que afectan al partido del Gobierno, el de Tenerife se distingue por tres rasgos singulares: que las tensiones suscitadas por la denuncia incluyen ya episodios de agresiones físicas, que la oposición no ha tenido arte ni parte en el problema y que la principal reacción del partido denunciado ha sido destituir al denunciante. De esto último hay antecedentes tan significativos como el del ex teniente de alcalde socialista de Madrid Alonso Puerta.

Lo sustancial de la denuncia había sido ya comunicado en septiembre pasado a la dirección nacional del PP. La acusación más llamativa afectaba al sucesor del denunciante como consejero de Industria del Gobierno regional: haber adjudicado la instalación de gas natural en varias ciudades a una empresa de cuyo consejo de administración había sido miembro. Se da la circunstancia de que había sido el propio consejero de Industria, cuando era director general de ese departamento, quien había solicitado quedar al margen de la adjudicación dada su vinculación con una de las empresas aspirantes a la concesión.

Otro asunto denunciado hace seis meses por De la Barreda guarda relación con una recalificación de terrenos en un ayuntamiento gobernado por Coalición Canaria. La abogada del PP encargada de investigar el asunto fue objeto de presiones -incluyendo ofertas laborales muy ventajosas- por parte de personas próximas a su propio partido, y más tarde de amenazas y agresiones físicas por parte de matones.

Hay más asuntos oscuros, pero esos dos deberían haber bastado para que la dirección del PP se tomara en serio la denuncia. En lugar de eso, lo que hubo fueron insinuaciones de que Francisco de la Barreda actuaba por despecho, resentido por no haber sido elegido candidato para las próximas elecciones. La dirección regional del PP aprobó por amplia mayoría separarle de la presidencia del partido en Tenerife y nombrar una gestora. La oposición ha estado ausente del conflicto. Pero cuando el miércoles los socialistas preguntaron a Aznar por la serie de casos de este tipo aflorados últimamente, el presidente reiteró, como mediocre argumento, que los socialistas carecían de legitimidad para hablar de corrupción. Durante años, el PP estuvo negando a los socialistas legitimidad para gobernar a la vista de los escándalos que les afectaban. Ahora les niega "autoridad moral" para ejercer la oposición. Lo hace frente a un partido que obtuvo en las últimas elecciones 9,5 millones de votos. Por eso, la actitud de Aznar no es democrática. Pero además es suicida.

El peor ciego es el que no quiere ver. Lo que debería aprender el PP de la experiencia de los socialistas es que todo problema zanjado por la vía de ignorarlo -por ejemplo, cesando al que lo denuncia-reaparece agravado en el momento más inoportuno. Y da alas a los más sinvergüenzas. Alonso Puerta denunció en 1981 el cobro de comisiones por una contrata de limpieza. Un asunto menor, comparado con lo que vendría luego. Hubo protestas de dignidad ofendida. Acusar de corrupto a un partido con 100 años de honradez. Se adujo que el denunciante era un resentido, movido por intereses de capilla con vistas al inminente congreso socialista. Se le expulsó del partido y fue separado de su cargo en el Ayuntamiento. Se declaró resuelto el problema. No es seguro, pero tal vez De la Barreda sea el Alonso Puerta del PP.