El Gobierno recurrirá ante el Constitucional el acuerdo de la Cámara vasca de acoger a los kurdos

El Consejo de Ministros acordó ayer presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el acuerdo adoptado el 9 de febrero por la Mesa del Parlamento vasco en el que se autoriza a la autodenominada Asamblea Kurda en el exilio la celebración de una sesión en la Cámara de Vitoria. El Gobierno cumple así el compromiso anunciado por José María Aznar, hace más de un mes, de intentar evitar por "todos los medios" la celebración de esta reunión. El recurso planteará que el acuerdo del Parlamento vasco invade la competencia exclusiva que tiene el Gobierno central en política exterior.

El ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, anunció tras la reunión del Gobierno -celebrada en esta ocasión en el Congreso de los Diputados- que el acuerdo de la Mesa del Parlamento vasco que autoriza la celebración en la Cámara de Vitoria de una reunión de la Asamblea Kurda en el exilio vulnera los artículos 97 y 149.1.3 de la Constitución, que otorgan al Gobierno central la competencia exclusiva en materia exterior.El artículo 97 dice que "el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado". El artículo 149.1.3 señala expresamente que "el Estado tiene competencia exclusiva en relaciones internacionales".

El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, recordó que esta interpretación fue ratificada en una sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 1994, que limita la proyección exterior de las comunidades autónomas a aquellas "que no originen obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes públicos extranjeros, no incidan en la política exterior del Estado y no generen responsabilidad de éste frente a Estados extranjeros".

Según argumentó el ministro de Administraciones Públicas, el acuerdo de la Mesa del Parlamento vasco, adoptado con los votos del PNV, EH y EA, "menoscabando una competencia estatal, ha afectado a las relaciones de España con Turquía, ya que ha alterado claramente el diseño de la relación política que con el Gobierno turco mantiene el Estado español".

Acebes aseguró ayer que, según el artículo 161.2 de la Constitución, una vez interpuesto el recurso ante el Tribunal Constitucional, el alto tribunal suspende automáticamente el acuerdo de la Mesa del Parlamento vasco, y lo deberá ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses. Cuando se le preguntó al ministro qué actitud adoptaría el Gobierno central si el Parlamento vasco hiciese caso omiso a la decisión del Gobierno y del Tribunal Constitucional, en caso de que éste ratificara el recurso, Acebes aseguró que no tenía duda de que la Cámara vasca "acataría la sentencia". La interposición del recurso de competencias ante el Tribunal Constitucional no es la única medida prevista por el Gobierno. También desde el Ministerio del Interior se ha anunciado la adopción de medidas administrativas para evitar que la sesión de la Asamblea Kurda en el exilio, anunciada para el mes de junio, se produzca.

El portavoz de Exteriores del PSOE, Rafael Estrella, calificó de "correcta" la decisión del Gobierno de plantear el conflicto de competencias positivo ante el Tribunal Constitucional, aunque cree "lamentable" que no se haya llegado a una solución mediante el diálogo con el PNV. En cambio, tanto Convergència i Unió (CiU) como el PNV se mostraron críticos. Manuel Silva, portavoz adjunto de CiU en el Congreso de los Diputados, reprochó al Ejecutivo la "doble vara de medir" que utiliza a la hora de valorar las reuniones que mantienen las diferentes fuerzas políticas con otros partidos internacionales.

Silva considera una "incoherencia" que la decisión del Parlamento vasco de acoger una reunión de la autodenominada Asamblea Kurda en el exilio suponga un "escándalo" y, en cambio, otras actuaciones, como las reuniones que en el pasado mantuvo el vicepresidente del Gobierno socialista Alfonso Guerra con representantes de la República Arabe Saharaui Democrática que, según el Gobierno de Marruecos, no tiene una calificación muy lejana a la que debe tener el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), no impliquen ninguna reacción.

Emilio Olabarria, del PNV y vocal del Consejo General del Poder Judicial, negó legitimidad al Gobierno central para interponer este recurso de competencias.