El alcalde de Marbella dice que el fiscal actúa al margen de la ley
Poco le ha durado a Jesús Gil y Gil su propósito de mantener prudencia. El alcalde de Marbella ha recrudecido sus habituales ataques contra el fiscal anticorrupción Carlos Castresana, que investiga la utilización de dinero del Ayuntamiento en el Atlético de Madrid. Los últimos tres días Gil se ha empleado a fondo en desacreditarle: Le ha acusado de "conculcar la ley a sabiendas", de perseguirle de forma "siniestra", de "preconstruir pruebas" y de "usurpar" las competencias del juez Santiago Torres.
Gil se ha despachado a gusto en dos comunicados después de que el fiscal se opusiera hasta en dos ocasiones a permitirle viajar a Roma con el Atlético de Madrid. El alcalde de Marbella se encuentra en libertad bajo fianza de 100 millones de pesetas imputado de malversación de caudales públicos y falsedad documental y contable. El pasado 12 de marzo el juez Santiago Torres, instructor del caso de la publicidad de Marbella en las camisetas de los jugadores del Atlético de Madrid, dictó auto en el que denegaba el permiso de viaje. Gil presentó recurso de reforma que fue desestimado por el magistrado el día 17, un día después del partido de fútbol. La doble negativa y los argumentos esgrimidos por el fiscal para oponerse al viaje han irritado considerablemente al alcalde de Marbella, hasta el punto de considerar la medida "sangrienta y especialmente grave". Gil ha suplicado al presidente del Consejo General del Poder Judicial que realice una inspección "para que se puedan comprobar de una vez por todas las anomalías e irregularidades manifiestas que han sucedido y suceden en el juzgado número 7 de los de Marbella en el caso de las camisetas del Atlético de Madrid". También ha pedido Gil la intervención del Fiscal General del Estado ante "el comportamiento siniestro, de auténtica persecución, al margen de la ley, que está haciendo gala el fiscal señor Castresana". Se da la circunstancia de que el fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, pidió recientemente amparo al Fiscal General del Estado por las continuas descalificaciones y la presión que viene realizando Gil durante la instrucción del sumario. La posición del fiscal es taxativa. En su informe, Castresana recuerda que para decretar la libertad bajo fianza de Gil se tuvo en cuenta su estado de salud, y que ahora, que ya no requiere siquiera el reposo domiciliario y plantea viajar al extranjero, debería modificarse su situación. El fiscal Castresana entiende que debería realizarse una "revisión al alza" del importe de la fianza, "que tenga en cuenta la modificación producida en las circunstancias que dieron lugar a su fijación, que tenga en cuenta el patrimonio del imputado, y que pueda ser disuasoria del riesgo, no tanto de fuga, como de reincidencia en las conductas delictivas". También hace mención el fiscal a que aún no se han garantizado las responsabilidades civiles de Gil, fijadas en 1.350 millones de pesetas por sus imputaciones. Este extremo ha irritado de manera especial al alcalde, quien sostiene que el juez nunca decretó tal disposición. El fiscal describe que desde que se inició la instrucción del caso ha habido una "actitud desafiante" de personas cercanas al alcalde, como concejales, y escoltas privados armados "y con despliegue de vehículos y efectivos de la Policía Local", que han estado apostados a las puertas del juzgado. Todo ello, en opinión de Castresana constituye "objetivamente un medio de intimidación para quienes deben comparecer ante la autoridad judicial". Según Castresana estas personas "han inquirido" a testigos sobre los contenidos de sus comparecencias mientras el sumario estuvo en fase de secreto. La portavoz del PSOE en Marbella, Isabel García Marcos, entiende que las descalificaciones de Gil se deben a que el fiscal " ha descubierto todas sus tropelías y como se ha enriquecido a costa del Ayuntamiento".
