El tribunal superior catalán pide que se paguen tasas por acudir a la justicia

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha propuesto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que los ciudadanos que disponen de recursos paguen unas tasas cuando presenten un pleito. El presidente del TSJC, Guillem Vidal, explicó ayer que la recuperación de este impuesto, abolido cuando gobernó el PSOE, podría contribuir a acabar con la gran litigiosidad que se produce actualmente.

La idea de reclamar la reimplantación de las tasas judiciales que funcionaron en España hasta principio de los años ochenta o una fórmula similar se planteó el pasado 9 de marzo, cuando Guillem Vidal, que pertenece a la asociación progresista Jueces para la Democracia, presentó la memoria anual a los miembros de la Sala de Gobierno, en la que es mayoritaria la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).Vidal no recogía esa propuesta en su memoria, pero los presentes le instaron a que la hiciera constar, y así ocurrió. Finalmente, en la primera página de la memoria remitida al Consejo General del Poder Judicial, Vidal alude a los "problemas estructurales" de la justicia y se refiere, entre otros, a "la carencia de mecanismos de disuasión y sanción para evitar la litigiosidad".

Durante la presentación a la prensa de esa memoria, Vidal asumió la necesidad de que los ciudadanos con recursos paguen por acudir a la justicia, especialmente en procesos civiles, y recordó que España es "uno de los pocos países de Europa o quizá el único" en el que esto no ocurre. El presidente del TSJC considera que "actualmente existen muy pocos servicios públicos que sean totalmente gratuitos" y precisó que si se pagaran unas tasas se evitaría la "litigiosidad de bagatela".

La gratuidad total por utilizar la Administración de justicia, excepto el coste que supone la contratación de un abogado y procurador, está prevista en la Constitución Española de 1978. Sin embargo, hasta la llegada del PSOE al Gobierno, siendo ministro de Justicia Fernando Ledesma, se siguieron pagando unas tasas al presentar un pleito civil.

Pago por adelantado

En esos casos, al presentar la demanda, el secretario redactaba una "cuenta judicial" que variaba en función de la cuantía del pleito civil. Cuando la tramitación de la demanda pasaba a una instancia judicial superior, se volvía a pagar esa tasa. En ambos casos el importe estaba regulado con unas escalas y si se trataba de un pleito sin cuantía, la cantidad era fija. En los casos de turno de oficio no existían tasas, ni tampoco en las cuestiones relacionadas con el derecho matrimonial.

Ese dinero, que iba a parar a las arcas del Estado, era independiente de la posible condena en costas con la que se condenaba, y se sigue condenando, a quien pleitease, civil o penalmente, con evidente mala fe. Guillem Vidal explicó que, personalmente, considera que "debería pagar todo aquél que pueda, y el que no, que se siga beneficiando de la gratuidad de la justicia, tal como recoge la Constitución". El presidente del TSJC explicó también que la ley en la que se regulase el pago de este impuesto debería redactarse pensando especialmente en las empresas, sociedades o multinacionales (personas jurídicas). En su opinión, "la gran mayoría de los pleitos civiles" se inician a instancias de los bancos y cajas de ahorro, "y yo creo que no está bien que puedan seguir utilizando de forma gratuita la Administración de justicia", explicó Vidal.

La propuesta de la Sala de Gobierno del TSJC fue censurada, horas después de conocerse, por el vicedecano del Colegio de Abogados de Barcelona, Joan Maria Xiol. En su opinión, "resulta preocupante que se quiera solucionar la gran litigiosidad de la Administración de justicia dificultando el acceso a los ciudadanos". Por el contrario, Xiol considera que "la lentitud provoca litigiosidad" y que si la justicia fuese más rápida habría menos pleitos.

"Una justicia lenta sólo favorece al moroso", explica Xiol. En este sentido, recordó que una demanda por más de seis millones de pesetas tarda ocho años en resolverse, desde que se presenta hasta que se resuelve por el Tribunal Supremo.

Según el vicedecano de los abogados barceloneses, la solución a los problemas de la justicia pasa por la dotación de más recursos humanos y materiales.