El Gobierno se inhibe en la denuncia al Consell por usar datos privados

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, en representación del Gobierno, se inhibió ayer del expediente abierto por la Agencia de Protección de Datos a la Consejería de Bienestar Social por el uso de una base de datos no legalizada para convocar a los jubilados de la Comunidad Valenciana a una fiesta en el campo de fútbol de Mestalla. El diputado socialista Joan Romero interpeló ayer al Gobierno sobre esa cuestión que, a su entender, ha supuesto la violación de la privacidad de miles de personas.

Para Mariscal de Gante, el Gobierno no puede juzgar el procedimiento de infracción abierto por la Agencia de Protección de Datos a la Generalitat por utilizar ficheros informáticos no registrados para remitir una invitación a todos los jubilados valencianos. La ministra explicó en el Congreso de los Diputados que el expediente ha sido abierto por "un organismo autónomo estatal" y por tanto corresponde a un departamento dependiente del Ejecutivo pero que funciona con autonomía. Joan Romero explicó en su pregunta que los dirigentes del Partido Popular en la Comunidad Valenciana habían cometido un atropello con las personas mayores de 65 años residentes en las tres provincias valencianas. "Todo indica que se ha violado la privacidad de estas personas sin su autorización y dejando al margen los derechos constitucionales", señaló Joan Romero desde su escaño. El diputado y dirigente del PSPV manifestó que "lo más grave era que el Gobierno no hubiese actuado de oficio para salvaguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos afectados". Según el parlamentario socialista, la Generalitat utilizó más de 800.000 registros de personas residentes en la Comunidad Valenciana sin su conocimiento. Romero enfatizó: "No sabemos si se han transferido esos ficheros a otras personas o empresas para su uso" indebido. El diputado nacional instó a la ministra de Justicia a explicar cuál es el nivel de defensa jurídica que tienen los valencianos ante situaciones como la generada por el Consell. "Todavía no les han dicho que va a pasar con esa información", sentenció Joan Romero. Margarita Mariscal de Gante replicó al diputado del PSPV-PSOE que la manera que tiene el Gobierno de tutelar la protección de los datos confidenciales de los ciudadanos valencianos es manifestar "el más escrupuloso respeto" al expediente sancionador abierto por la Agencia de Protección de Datos. La portavoz del Ejecutivo en la sesión del Congreso señaló que a nivel estatal la Agencia de Protección de Datos y su director, Manuel Fernández López, son los que velan por los derechos relacionados con la privacidad, siempre de acuerdo con "la normativa vigente". La respuesta de la ministra, juzgada como insatisfactoria por el parlamentario socialista, no agota el debate en el Congreso sobre el expediente de infracción abierto al Consell por uso de una base de datos no registrada. Socialistas y Nueva Izquierda han presentado en el Congreso de los Diputados sendas peticiones de comparecencia del director de la Agencia de Protección de Datos, Manuel Fernández López, para que informe sobre el expediente abierto a la Consejería de Bienestar Social que dirige Marcela Miró. La polémica sobre la utilización de una base de datos no registrada por parte del Gobierno valenciano se inició el pasado mes de octubre cuando, con motivo de la organización de una fiesta para los mayores en el campo de fútbol de Mestalla, la Generalitat remitió invitación personal a cerca de 800.000 personas mayores de 65 años. La invitación cursada a los domicilios particulares de los jubilados provocó inmediatamente la protesta de algunos de ellos, que afirmaban que sus datos no estaban a disposición de la Generalitat. Para los socialistas, el envío de correo se utilizó mediante el uso irregular de soportes informáticos confidenciales, posiblemente realizados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Las respuestas de la consejera de Bienestar Social, Marcela Miró, en las Cortes Valencianas, lejos de aclarar las sospechas de la oposición contribuyeron a que la Agencia de Protección de Datos abriese un expediente sancionador por la utilización de una base documental no registrada por la Generalitat. La oposición también ha criticado la actitud del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que ha restado importancia a la apertura del expediente. Para los socialistas y Nova Esquerra, Zaplana demuestra así el respeto que tiene por los derechos fundamentales de los ciudadanos valencianos.