Enseñanza plantea endurecer las sanciones a los alumnos más conflictivos

Ante las protestas de algunos equipos directivos por las trabas burocráticas que impiden la rápida solución de los casos de agresiones en los centros de enseñanza, especialmente en los de secundaria, el Departamento de Enseñanza se ha planteado modificar el decreto de derechos y deberes de los alumnos, elaborado en 1997. Con ello pretende endurecer las normas que regulan las sanciones a los estudiantes más conflictivos y agilizar el procedimiento, que incluso puede terminar con la expulsión definitiva del alumno. Enseñanza propone aumentar de forma excepcional los días de expulsión temporal "si la gravedad de los hechos producidos lo hace necesario". El actual decreto regula la suspensión del derecho a la asistencia al centro o a determinadas clases por un espacio de cinco días, y la nueva normativa permitirá ampliarla hasta 40. La Generalitat indica que la propuesta está congelada en la actualidad, aunque no descarta que se aplique en el futuro. La Asociación de Jóvenes Estudiantes de Cataluña (AJEC) considera que ha sido su oposición la que ha bloqueado la tramitación de la propuesta. Según su portavoz, Carlos Prieto, el documento presentado por la Dirección General de Ordenación Educativa es "excesivamente ambiguo". En opinión de Prieto, las expulsiones deberían tipificarse mejor. "¿Qué entiende Enseñanza por falta grave?", se pregunta. Prieto asegura que el nuevo decreto también se podría aplicar a simples casos de indisciplina y convertirse a la larga en una concesión de carta blanca para los directores. Desestructuración social El portavoz de la AJEC no cree que la modificación solucione los problemas de agresiones en los centros escolares. "El decreto debería ir acompañado de otras medidas, entre ellas la intervención de la Dirección General de Justicia Juvenil". En todo caso, la AJEC considera que el problema de las agresiones refleja una problemática más amplia, producto de la desestructuración social de ciertas zonas, que debería ser solucionada por las fuerzas políticas. El propio Departamento de Enseñanza reconoce que el decreto debe modificarse porque en su aplicación se ha constatado que en algunos casos de "conductas muy graves en relación con otras personas del centro" el plazo de cinco días de expulsión puede resultar corto debido a que al acabar éste todavía no se ha resuelto el expediente disciplinario. La Generalitat añade que la incorporación de este alumno a la escuela en ocasiones obstaculiza el "normal desarrollo de las actividades del centro". Enseñanza quiere corregir estas situaciones y "dar un instrumento de prevención a los centros, para evitar situaciones de mucho riesgo cuando la animadversión entre dos personas es fuerte por causa de una acción reciente de una sobre la otra". Los sindicatos mayoritarios en la enseñanza, USTEC-STES y CC OO, piden la modificación del actual decreto porque, en su opinión, comporta un exceso de burocracia, lo que en ocasiones impide resolver los conflictos. USTEC-STES mantiene que el Departamento de Enseñanza debería introducir los recursos adecuados, por ejemplo aulas taller, para evitar los conflictos en los centros escolares.