El Ayuntamiento opta por pisos públicos en los solares de las cárceles, en contra de la Generalitat

El Ayuntamiento de Barcelona ha asumido las reclamaciones vecinales y también las de sus socios de IC-V y ha decidido que las 290 viviendas que se levanten en los solares que ahora ocupan las prisiones de la Modelo, Trinitat y Wad-Ras sean de protección oficial. La mitad de la superficie total de los solares, 57.000 metros cuadrados, se dedicará a parque urbano. La decisión del equipo de gobierno supone un contratiempo para las previsiones de la Generalitat que pretendía obtener un generoso rendimiento con la construcción de viviendas de mercado libre.

La Generalitat, titular de los terrenos de las cárceles Modelo, Trinitat y parte de Wad-Ras, tenía previsto financiar la construcción de la nueva prisión de preventivos con el rendimiento previsible de la venta de viviendas en el mercado libre que, además, concentraba en el solar de la calle de Entença de Barcelona. El anuncio de la propuesta definitiva del Ayuntamiento sobre las prisiones coincide con un momento de la campaña preelectoral de las municipales en la que arrecian las críticas, sobre todo del candidato de CiU, Joaquim Molins, que echa en cara al equipo del alcalde, Joan Clos, el tener una política urbanística especulativa que menoscaba las necesidades sociales en cuanto a la vivienda. El primer teniente de alcalde, Xavier Casas, dejó claro ayer que la decisión del equipo municipal no tiene que obedecer a criterios de rendimientos económicos, "sino a las necesidades de la ciudad". Y más claro fue todavía al afirmar que el coste "de las prisiones que se tienen que construir fuera no debe ser pagado por la ciudad". Casas explicó, al presentar la propuesta definitiva para la ordenación urbanística que entrará en el próximo pleno, que ha recogido parte de las alegaciones formuladas a la idea inicial, que preveía la construcción de entre 250 y 430 pisos, con el 25% de protección oficial. Pisos asequibles El cambio de postura recoge las reivindicaciones de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB) y la exigencia de Iniciativa per Catalunya-Verds de que todas las viviendas estuvieran sujetas a algún tipo de protección. Así, el Ayuntamiento propone un tope de 290 pisos, todos de protección. Los usos previstos son los mismos para las tres prisiones. De los 57.000 metros cuadrados de superficie, el mínimo destinado a parque urbano será del 50%. Otro 20%, también como mínimo, será destinado a equipamientos, y el tope de suelo para viviendas y uso terciario -oficinas, comercios e instalaciones hoteleras- será del 30%. El Ayuntamiento ha disminuido el número de pisos previstos en principio aplicando un tope de dos metros de techo por cada metro de suelo disponible y también los nuevos coeficientes de la Generalitat de metros de zona verde obligatorios por vivienda y habitante. Casas afirmó que la modificación del proyecto inicial no supone la ruina para la Generalitat: "No voy a fijar el rendimiento, pero los pisos de protección también dejan beneficios, aunque no sean tan altos como los del mercado libre y, sobre todo, las zonas comerciales y las oficinas". El primer teniente de alcalde defendió la decisión del Ayuntamiento porque es "una correcta planificación urbanística y una correcta política social". Y añadió que si la Generalitat tiene otros criterios que considere más importantes, "pues que los explique". Casas subrayó que sería deseable lograr que parte de la vivienda que se construya sea de alquiler y para la gente joven. La decisión del Ayuntamiento será expuesta a la Generalitat, según dijo Casas, quien puntualizó además que el proyecto deberá pasar por la subcomisión de Urbanismo de Barcelona, un órgano mixto entre el Ayuntamiento y la Generalitat creado con la aprobación de la Carta Municipal, pero que todavía no se ha constituido. El consistorio nombró inmediatamente a sus representantes, pero Casas matizó ayer que el Ayuntamiento no está de acuerdo ante el reglamento de la subcomisión, que "debe ser más municipal", puntualizó. El primer teniente de alcalde también recordó que el traslado de las prisiones de Barcelona fue un acuerdo adoptado por el Parlament, por lo que es algo que debe realizarse con independencia de la voluntad que tenga el Departamento de Justicia. "Es más, una de las cárceles ya podía estar cerrada", subrayó Casas.