El fiscal pide 10 años de cárcel para tres acusados de engañar a más de 1.000 inversores

La Fiscalía de Madrid solicita 10 años de cárcel para cada uno de los tres empresarios implicados en la supuesta macroestafa de los sellos, que ha dejado en la estacada a 1.200 pequeños inversores, la mayoría de Madrid, y deudas que rondan los 2.000 millones. Los tres acusados -los hermanos Juan Miguel y Monserrat M. A. y Sofía M. B., gestores de la empresa Gsell- tendrán que sentarse durante tres meses en el banquillo. Será el juicio más largo de los previstos este año en la Audiencia madrileña, junto con el de la Iglesia de la Cienciología.

El fiscal acusa a los tres procesados de montar la empresa Gsell, en 1986, con la intención de captar el ahorro de pequeños inversionistas y destinar el dinero a operaciones financieras. Situada en la calle de Francisco de Goya, número 5, Gsell ofrecía a los ahorradores intereses de hasta el 16% anual por su capital, muy por encima de los intereses que se pagaban en el mercado.El boca a boca funcionó a la perfección en los primeros meses de funcionamiento de la empresa. Era díficil hallar en el mercado madrileño una empresa que pagase tan alto interés y que, además, ofreciese "sellos muy valiosos" como aval de los depósitos (si el inversor no recibía su dinero se quedaba con los sellos, en cantidad equivalente a su inversión).

Ello dio lugar a que, a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, la cartera de clientes de Gsell aumentase espectacularmente. Muy pocos inversores llegaron a ver físicamente esos sellos. Eran su aval, pero a muchos de ellos la empresa les pidió guardarlos en una caja acorazada para evitar posibles robos. El escándalo se cebó con Gsell en 1993, después de haber logrado captar depósitos de pequeños inversionistas por importe de 6.600 millones de pesetas durante toda su andadura.

La estafa, según el escrito de acusación del fiscal, se gestó cuando los acusados constituyeron en 1986 la empresa Gsell "a sabiendas de la imposibilidad de cumplir sus compromisos" con los inversores. Captaban capitales de clientes y, como garantía, les facilitaban "lotes filatélicos específicos".

Los inversores, al final de los contratos anuales que suscribían con la empresa, debían recibir "un 16% de intereses en concepto de remuneración de los capitales aportados".

En un principio, la empresa cumplió su palabra, pero con el paso del tiempo comenzó a tener problemas y, cuando carecía de liquidez, pagaba los intereses ofreciendo más lotes de sellos a los inversores. "En el periodo comprendido entre 1986 y 1992, [Gsell] llegó a pagar en concepto de intereses" casi 3.000 millones de pesetas, según el fiscal.

El problema era que ese dinero, según el fiscal, no salió de la venta de los sellos a tercecos ni de las operaciones financieras de la empresa, sino de las aportaciones de los nuevos inversores que iba captando Gsell. Es decir, se pagaban los intereses con los ingresos de los nuevos inversionistas, "de forma que las inversiones de los clientes más recientes, financiaban el pago de los inversores más antiguos".

Sellos sobrevalorados

La empresa, según el fiscal, sobrevaloró los sellos de que disponía, y que le servían de aval del dinero físico, en 5.500 millones de pesetas, cuando su precio real era de unos 1.200 millones de pesetas."El inversor, pues, recibía en valores filatélicos sólo entre un 25% y un 30% del valor de sus aportaciones económicas en efectivo", sostiene en su escrito de calificación provisional el ministerio público.

A pesar de los problemas financieros y de la imposibilidad de hacer frente a los intereses, los gestores de Gsell siguieron captando nuevos clientes y destinando su dinero a tapar las devoluciones de dinero que solicitaban los antiguos inverionistas. Muchos de los nuevos clientes fueron captados mediante engaño y a sabiendas de que Gsell no podrían hacer frente a los intereses que les prometían.

Si al principio de la vida de esta empresa circuló la idea de que invertir en ella era un negocio muy rentable, a finales de 1992 corrió la idea contraria. Ello provocó que cundiera el pánico entre los inversores y que solicitaran la devolución de sus fondos. No lo consiguieron porque las arcas de Gsell estaban por entonces vacías, según el fiscal. Luego se demostró, además, que los sellos tampoco tenían el valor que les atribuían los gestores de la compañía.

Ello dio pie a una avalancha de denuncias presentadas ante los juzgados de la plaza de Castilla. Aunque eran 1.219 las personas que mantenían inversiones en Gsell en 1993, no todas denunciaron los hechos. Unas porque habían cobrado y otras porque la inversión perdida era baja y creyeron que no valía la pena.