Expedientado el Consell por el uso de datos para la fiesta de los jubilados. Bienestar Social dio 800.000 datos de jubilados a la empresa privada que envió las invitaciones
Cuatro meses después de su celebración, la Gran Fiesta de la Tercera Edad, aquella que congregó en el campo del Mestalla a 40.000 de los más de medio millón de jubilados invitados por el Consell para homenajearlos, ha acabado por convertirse en un quebradero de cabeza para el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. La Agencia de Protección de Datos ha decidido abrir un expediente a la Consejería de Bienestar Social por el uso de bases de datos no declaradas o de dudosa procedencia, lo que supone una infracción grave de la ley.
La Agencia de Protección de Datos, un organismo creado a raíz de la ley orgánica 5/1992 de Regulación de Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, vela desde aquella fecha por que se cumpla el mandato legal de "limitar el uso de la informática y otras técnicas y medios de tratamiento automatizado de los datos de carácter personal para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno ejercicio de sus derechos". Tras investigar sendas denuncias presentadas por el PSPV y por Nova Esquerra a raíz del envío de 558.454 cartas a personas de la tercera edad firmadas por el propio Zaplana, y tras hacer una inspección en los sistemas informáticos de la consejería, la Agencia ha estimado que los hechos expuestos pueden suponer una falta grave, infracción para la que el régimen sancionador establece multas de entre 10 y 50 millones de pesetas. Para los socialistas y para NE, será finalmente la consejera Marcela Miró quien pague los platos rotos de la fiesta del Mestalla. Sin embargo, estiman que el acto, calificado por ambas formaciones de meramente electoralista, fue organizado, encabezado y rentabilizado por Zaplana. El acuerdo de inicio del procedimiento de infracción elaborado por la Agencia de Protección de Datos revela, además de que se pudo incurrir en un uso incorrecto de archivos informáticos (por usar bases de datos no registradas en este organismo estatal), que la consejería no ha proporcionado los datos solicitados durante meses, lo que originó una inspección de los expertos informáticos de la agencia. Y en este registro se constató que la consejería facilitó a una empresa privada, Meydis, SA, 800.000 registros sobre jubilados de la Comunidad. La investigación oficial se abrió a raíz de dos denuncias presentadas por Nuria Espí, secretaria de Servicios Sociales del PSPV, y por Pedro Zamora, diputado de Nova Esquerra. En ambas se alertaba al director de la agencia, Juan Manuel Fernández López, de una posible violación de la intimidad personal porque, suponían, ningún registro de la consejería podía tener datos personales de tantos jubilados. Según su teoría, vuelta a exponer ayer por ambos políticos, sólo los listados del Instituto Nacional de la Seguridad Social podrían contener las referencias sobre el nombre, edad y la dirección de los ancianos. Este supuesto, no desmostrado, también infringiría la ley, que impide el intercambio de ficheros confidenciales entre administraciones con distintas competencias. La Agencia pidió información a la consejería hasta cuatro veces durante dos meses. Infructuosamente. No hubo contestación, y cuando la hubo tampoco sirvió de mucho. La duda no se aclaró tras la respuesta enviada por fax por el secretario de la consejería. En ella, Eduardo Ovejero Adelantado, también alto cargo orgánico del PP, aseguraba que para enviar las 560.000 invitaciones se usó "la base de datos propia que la Consejería de Bienestar Social posee, por las competencias que tiene asumidas". En su resolución, la Agencia señala en este punto que "dado lo sucinto de la información remitida [por Ovejero] y la necesidad de comprobar el carácter y volumen de los datos incluidos en las bases propias de la consejería, resultó preciso realizar una actuación inspectora". Ficheros insuficientes La inspección se hizo el pasado 22 de febrero. En ella, los informáticos comprobaron que los únicos ficheros existentes sobre personas mayores de 65 años son los denominados Pensiones no contributivas, Centros base (sobre minusválidos), Bonos residencia (sobre los solicitantes de ayudas para estos centros), Fondo Asistencia Social, FAS (ayudas a personas sin recursos), Amas de casas (ayuda para mujeres, no ancianas, que cuidan de ancianos) y Termalismo (para estancias en balnearios). Al parecer, ninguno de estos ficheros contiene datos suficientes para enviar medio millón de invitaciones. Los inspectores hallaron, además, "un número indeterminado de disquetes que obraban en la subsecretaría de Bienestar Social de los cuales el subsecretario no puede precisar su origen ni su contenido". Sin embargo, la Agencia sí ha constatado que para enviar las invitaciones se contrató a Meydis y se le facilitaron 800.000 registros de jubilados para su depuración. Una vez analizados, la empresa devolvió un fichero con 558.454 registros a la consejería.
