Los peritos ven "injustificado" el aumento de edificabilidad en el "caso Aravaca"

El segundo y definitivo informe de los peritos del caso Aravaca, que acaba de ser entregado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, considera irregular la forma y el método empleados por el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, para compensar a los propietarios de unos terrenos expropiados en 1994 por el cierre de la M-40, junto al monte de El Pardo. En concreto, los peritos de este caso, en el que se investigan los supuestos delitos de tráfico de influencias e información privilegiada, tachan de "arbitrario e injustificado" el aumento de edificabilidad otorgado por el municipio a los propietarios de ese suelo.Asimismo, los expertos judiciales arremeten contra el instrumento jurídico empleado por el Consistorio (modificaciones puntuales del Plan General) para recalificar 700.000 metros cuadros de suelo en este barrio de la capital. La vía adecuada, dada la envergadura de las recalificaciones, debió ser la revisión del plan, según concluyen los peritos arquitectos Saúl Arzabe y José Ignacio Chico, a los que el juez Eduardo de Porres, encomendó este segundo informe dentro de las pesquisas que desarrolla tras la denuncia de los vecinos de Valdemarín Oeste (Aravaca) por supuesto tráfico de influencias y uso de información privilegiada en la recalificación de estos terrenos. En el llamado caso Aravaca figuran como imputados nueve supuestos beneficiarios de esa operación urbanística, entre ellos, José Manuel Bartolomé, marido de la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, así como ingenieros relacionados con la construcción de la M-40. Algunos compraron terrenos por donde iba a pasar la M-40 justo unos meses antes de que se hiciese público su trazado definitivo.

El Ayuntamiento de Madrid no pagó con dinero los terrenos que tuvo que expropiar y que precisaba para construir la M-40. A los dueños de ese suelo les compensó con la recalificación de otros terrenos cuya edificabilidad aumentó. Es decir, permitió que allí donde antes sólo se podían construir 260 chalés se pudiesen levantar 1.296 viviendas (en bloques de cuatro plantas). Los vecinos de Valdemarín, propietarios de chalés, se quejaron de este aumento de edificabilidad y denunciaron la operación, ya que, según explicaron, significaba quintuplicar la edificabilidad de una zona protegida por el Plan General de Ordenación Urbana. Para recalificar los 700.000 metros cuadrados de suelo, sujetos entonces al plan de ordenación urbana de 1985, el Ayuntamiento utilizó el mecanismo de las modificaciones puntuales, instrumento que los peritos consideran inadecuado en el informe que acaban de entregar al juez.

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