Un caso complejo

Los vaivenes urbanísticos de Valdemarín (Aravaca), uno de los barrios privilegiados de Madrid debido a su entorno natural, han sido múltiples. La zona, anexa a la tapia que rodea el protegido monte de El Pardo, ha sido objeto del deseo de los grandes promotores inmobiliarios y también de un complejo caso urbanístico, cuyos resortes aún permanecen en la oscuridad. Éstas son sus prinicipales claves.

Máxima protección.

El PSOE, en el Plan General de 1985, calificó Valdemarín como de "zona de baja densidad". Es decir, en este barrio sólo se podían construir 260 viviendas, cada una de ellas rodeada por parcelas de 2.500 metros cuadrados.

Llega la recalificación.

En 1994, siendo concejal de Urbanismo José Ignacio Echeverría, y gerente, Pedro Areitio, el equipo de gobierno municipal, del PP, dio el visto bueno para que en Valdemarín se pudiesen construir 1.296 viviendas repartidas en bloques de cuatro plantas. La razón que el Ayuntamiento esgrime para esta recalificación es el pago de las deudas contraídas con algunos propietarios a los que se expropió terrenos para construir la M-40. En vez de pagar con dinero, el municipio decidió, como en otras zonas de Madrid, abonar en especie, con la recalificación de terrenos. Pero los dueños no poseían otras tierras que las afectadas por el trazado de la M-40. Así que el Ayuntamiento pensó una solución novedosa: los propietarios del suelo expropiado se asociaron con los dueños de terrenos colindantes y el Ayuntamiento recalificó de golpe todo ese suelo: 700.000 metros cuadrados.

Los vecinos reaccionan.

Los vecinos que ya residían en esta zona vieron con muy malos ojos el permiso para construir bloques de pisos en su hasta entonces tranquilo y despoblado barrio. Protestaron ante el Ayuntamiento, que les ignoró, y acudieron en 1996 a los tribunales. Denunciaron que nueve propietarios gozaron de información privilegiada y que compraron suelo en estos 700.000 metros cuadrados meses antes de que aumentara la edificabilidad. Los vecinos llevaron al juez a estos nueve propietarios, entre los que figuran algunos ingenieros, y José Manuel Bartolomé, marido de la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, del Partido Popular.

El juez llama a los expertos.

El juez, para desentrañar los complicados procesos urbanísticos que habían desembocado en la recalificación, solicitó ayuda a dos expertos. Éstos, en un primer informe, hecho público en septiembre, aseguraron que la recalificación de 1994 era excesiva. Pero todavía quedaban lagunas técnicas por aclarar. El magistrado pidió un segundo informe a los mismos expertos. El escrito ya ha llegado a sus manos.