El alcalde de Pego adjudicó en 1998 obras ilegales por más de 167 millones Un informe del interventor pone al descubierto estas irregularidades. Distribuidos cientos de panfletos en Pego en los que se piden donativos para pagar la fianza del alcalde

El interventor municipal del Ayuntamiento de Pego ha constatado hasta un total de 44 "actuaciones irregulares" en gastos diversos, pago de horas extraordinarias, y en la contratación de obras en el campo de fútbol y en el marjal durante 1998, que ascienden a 167.536.264 de pesetas. El alcalde pegolino, el ex regionalista Carlos Pascual, ha intervenido directamente en la adjudicación de estos gastos ilegales, que no pasaron por pleno o fueron por decreto de alcaldía, según un informe hecho público por el BNV.

La intervención municipal ha detectado anomalías en el pago de cerca de 92 millones de pesetas destinados a obras en el campo de fútbol, adquisición de material y dos convenios con el Pego Club de Fútbol, de los que no hay contratos, ni memorias de proyectos, dinero presupuestado o facturas. El alcalde es además el presidente del club de fútbol local, y según el Bloc Nacionalista Valencià (BNV) "ha utilizado la Hacienda Pública para hacerse un bonito campo de fútbol". Eso sí, el Pego Club de Fútbol ha conseguido situarse primero en tercera división. En tareas realizadas en el pozo Penyalva, "sin autorización", la "adjudicación ilegal" de obras en el Riatxol y en el sistema de riego en el marjal de Pego, el alcalde gastó unos 40 millones de pesetas. Por el pago de horas extras superó el máximo permitido por la ley con un importe de cerca de 242.000 pesetas. Hasta se permitió el lujo de realizar obras en dos colegios municipales que correspondían a la Consejería de Educación por valor de unos siete millones de pesetas.Recursos de abogados, mejora en el riego público y en al red eléctrica y convenios con asociaciones locales, entre otros gastos, completan los más de 167 millones de pesetas en actuaciones irregulares que se han financiado a través de préstamos. Los últimos días se han distribuido panfletos por toda la población de Pego que piden la "solidaridad" de todos los ciudadanos con el alcalde, el concejal y los cuatro trabajadores a los que la juez de Dénia ha pedido una fianza de 650 millones de pesetas por los daños en el marjal. El documento informa de la apertura de una cuenta en el BBV para el ingreso de ayudas económicas, y en el resto de entidades bancarias los vecinos pueden avalar con su firma la fianza. Pascual volvió el viernes a intervenir en Radio Pego para denunciar que la póliza de seguros que el Ayuntamiento tenía firmada con la compañía aseguradora Mapfre, por valor de 500 millones de pesetas, había caducado. Coincide que en esta empresa trabaja un miembro del PP local, próximo al sector popular díscolo con el alcalde, que no había apercibido al Consistorio sobre la situación de la póliza. Según fuentes municipales, esta cantidad se reservaba para cubrir la posibilidad de responsabilidad subsidiaria de Ayuntamiento y podría haber servido de aval para el pago de la fianza de 650 millones. Carlos Pascual, anteriormente afiliado de Unión Valenciana, sostiene desde hace meses un desafío a las autoridades judiciales y administrativas, y a los partidos de la oposición en el Consistorio de Pego. El auto firmado el pasado 19 de febrero por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia, Esther Rojo, hace referencia a tres delitos presuntamente cometidos por Pascual. El primero se refiere al daño infligido por el alcalde de Pego a la calificación del marjal de Pego-Oliva como espacio protegido. También se acusa a Pascual, así como a un concejal, de desobediencia al mandato de la autoridad judicial por no acatar un auto de la juez Rojo de 1997 que prohibía cualquier transformación en el citado marjal y en el que se dictaron una serie de medidas cautelares. Pesa además contra Carlos Pascual una tercera acusación por atentado contra un funcionario público, en este caso por una supuesta agresión al director del parque natural, Vicente Urios. La Audiencia Provincial ya desestimó el pasado año los recursos presentados contra la decisión de la juez de que se paralizasen las transformaciones de estas tierras. Sin embargo, los trabajos en el marjal de Pego-Oliva, el bombeo de agua y la desecación de parte del humedal para convertirlo en nuevas zonas de cultivo han continuado todos estos meses con el apoyo del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pego.