La peor defensa, el mejor ataque

Ismael Pablo Rodríguez no es abogado, pero sus habituales cuitas con la Justicia -ha sido condenado en dos ocasiones- parecen haberle concedido algunos conocimientos de derecho: conseguir la anulación de su juicio, una vez que éste se iba a dar por concluido, al alegar que no estaba de acuerdo con la estrategia de defensa seguida por su abogado, con quien no se había entrevistado hasta minutos antes de la celebración de la vista. La singularidad del caso (sin precedentes conocidos para los magistrados y fiscales consultados por este periódico) conduce, inevitablemente, a una pregunta: ¿Cualquier procesado que prevea una condena podría lograr la repetición del juicio manifestando su discrepancia con el trabajo de su asistente legal? Obviamente, no. Pero eso es lo que logró Rodríguez, acusado de un delito de obstrucción a la justicia. ¿Cómo lo hizo? De manera muy hábil. Al comienzo del juicio, celebrado en la sala segunda de la Audiencia de Valencia, insinuó de manera sutil y ambigua algunos problemas de entendimiento con su letrado. Al final, cuando todas las pruebas indicaban que el veredicto del tribunal podría ser condenatorio, explotó. Rodríguez, interpelado por el presidente de la sala para cerrar el juicio, fue claro: su abogado, con el que no había dialogado, le había defendido de manera deficiente. El día anterior, el letrado esperó infructuosamente que su cliente acudiera a la cita. El tribunal, presidido por Mariano Tomás, un magistrado de prestigio y reconocido por su talante garantista -proclive, por tanto a extremar al máximo la legalidad del proceso- optó por decretar la anulación del juicio. El fiscal adscrito al caso, Jorge Boguñá, no se opuso a esa decisión y un juicio visto para sentencia será repetido. Fuentes cercanas al caso justifican esa decisión: "Es necesario garantizar que el derecho a una buena defensa que asiste a cualquier ciudadano se respete. Mejor la celebración de una segunda vista que sufrir el riesgo de que, dentro de varios años, el Tribunal Supremo anule el juicio". Otro magistrado, sin embargo, discrepa. "Si un procesado cree que su abogado no está preparado debe advertir al tribunal al principio de la vista, no al final, cuando las declaraciones de los testigos y las pruebas presentadas apuntan que puede ser condenado". En caso contrario, añade el juez, "estamos abriendo una puerta a que los delincuentes utilicen esa triquiñuela, abusando de la buena fe del tribunal, para eternizar los juicios seguidos contra ellos". Este periódico no pudo localizar al letrado de la defensa, Manuel Rodríguez Rodríguez, cuya actuación en el caso fue "más que correcta" para varios de los presentes en la sala. Un nuevo problema se plantea ahora. Rodríguez, de 42 años, sólo ha aplazado el juicio unas semanas, pero, ahora, el representante del Ministerio Público opina que un tribunal que ya ha juzgado a un procesado no puede volver a hacerlo. Podría tener una opinión preconcebida sobre el caso, opina el fiscal, lo que iría en detrimento del acusado. Mientras, Rodríguez no ha sido procesado aún por un delito de obstrucción a la justicia, supuestamente cometido cuando intentó amedrentar, sin éxito, a un testigo de otro juicio celebrado contra él por un delito de lesiones. La mujer amenazada acudió a aquel proceso, e hizo lo propio en el juicio suspendido. Pero más experto en leyes es Rodríguez: Condenado en otros dos procedimientos por una estafa (seis meses de prisión) y un delito de daños (100.000 pesetas de multa), ha conseguido la repetición de su juicio de una manera, cuanto menos, curiosa. A veces, la peor defensa es el mejor ataque.