Alcalá Zamora

Produce cierta inquietud observar esta ofensiva reivindicatoria de una presunta tercera España, frente a las otras dos, las que, de puro intransigentes, resuelven sus diferencias a tiros cada 25 o 30 años. La razón, la templanza y la sabiduría política estarían de parte de los que pusieron tierra o mar por medio y dejaron a su suerte a la República del pueblo en 1936. Algunos pretendieron que se les enviase el salario de catedrático al dorado retiro, y al no conseguirlo acusaron, años después, a Manuel Azaña de todas las infamias y horrores. El lugar de Alcalá Zamora no estaba hasta ahora en el palco de los Pérez de Ayala, Madariaga, Ortega y Gasset o Sánchez Albornoz, y sería mejor no abrir un debate de consecuencia imprevisibles. En cuanto al entierro secreto del primer presidente de la IIRepública en agosto de 1979, fue así porque así lo pactó la familia con el Gobierno de Adolfo Suárez. Los republicanos nos enteramos, una vez realizado el despropósito, a través de una llamada telefónica del entonces director de EL PAÍS, Juan Luis Cebrián. También fue voluntad familiar que el lugar de descanso de los restos mortales del ex jefe del Estado fuese el entonces católico cementerio de la Almudena. En relación a las sanciones y penalidades sufridas por don Niceto, después de 1939, no fueron diferentes a las del resto de los mandatarios republicanos, si bien quiero precisar que la sanción del Tribunal de Responsabilidades Políticas fue de fecha 28 de abril de 1941, y que éste estaba integrado por Manuel Giménez Ruiz, Fermín Lozano y Alfonso Senra. La multa fue, efectivamente, de 50 millones de pesetas. Las de Manuel Azaña, Juan Negrín y Álvaro de Albornoz lo fueron de 100 millones de pesetas a cada uno, y 75 millones la de José Giral Pereira, también con pérdida de nacionalidad. Al Gobierno de Felipe González la memoria republicana le molestaba y es lógico que no se haya producido la recuperación de no sólo Alcalá Zamora, sino de relevantes hombres de Estado, como Diego Martínez Barrio, Marcelino Domingo, Augusto Barcia, Bernardo Giner de los Ríos, Ángel Osorio y Gallardo, José Giral, Santiago Casares Quiroga, Mariano Ruiz Funes o Luis Jiménez de Asúa. Por cierto, que tampoco tuvo mejor suerte el eminente penalista español, presidente de la República Española en el exilio hasta su fallecimiento en 1970, cuyos restos fueron trasladados de Buenos Aires a Madrid en la última etapa de Gobierno de Felipe González, con igual sigilo y ausencia del estamento oficial. No creo necesario señalar la relevancia en diversos órdenes de Jiménez de Asúa. Su memoria quedará asociada a la dignidad, la ética y la sabiduría, mientras que la de los responsables de la canallada del entierro clandestino a la infamia y a la mendacidad. Tanto don Niceto Alcalá Zamora como don Luis Jiménez de Asua fueron eminentes juristas, y también ahí se cebó la venganza de los que adquirieron relevancia y poder, no por su buen hacer como abogados, sino por portar camisa azul y pistola. El 22 de agosto de 1939, la Junta del Colegio de Abogados de Madrid les depuró y dio de baja, sin que sepamos que se haya reparado esta indignidad.- Presidente de Izquierda Republicana.