El Supremo reclama las cuentas bancarias del PP para investigar el "caso Zamora"

El instructor delegado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo para el caso Zamora, José Antonio Martín Pallín, va a investigar las cuentas bancarias del PP de esa ciudad en busca del rastro de las presuntas comisiones por adjudicaciones de obras que se hubieran destinado a la financiación irregular del partido. Martín Pallín ha requerido a cinco sucursales bancarias radicadas en Zamora y en las principales localidades de esa provincia para que le remitan, a la mayor brevedad posible, las cuentas abiertas a nombre del PP y los extractos de sus movimientos desde sus fechas de apertura.

Además de la relación de las diferentes cuentas del Partido Popular en Zamora y el extracto de sus movimientos, el instructor ha recabado información sobre las personas que las abrieron y, en su caso, las cancelaron, así como de las que tenían firma autorizada para operar con ellas. Las entidades bancarias a las que el magistrado ha pedido esos datos son Caja Zamora; Banco Santander, en sus sucursales de Zamora y Toro; Banco Central, en las de Benavente y Puebla de Sanabria; Caja Rural de Zamora, en las de Toro y Zamora, y Caja Postal.Esta diligencia se ha dictado después de que el pasado jueves compareciera ante Martín Pallín el gerente del PP zamorano, José Vicente Maíllo, quien declaró como testigo durante dos horas acerca de la contabilidad del mismo.

En la misma resolución en la que acuerda recabar los datos bancarios del PP, Martín Pallín ha citado como testigo, para las cuatro y media de la tarde del próximo lunes, al constructor Eduardo Corrales, quien estaba citado para el pasado jueves, pero que no compareció.

Corrales es precisamente el principal testigo de cargo del caso Zamora, ya que sus declaraciones destaparon el supuesto cobro de comisiones irregulares por parte de la Diputación Provincial a cambio de adjudicaciones de obras.

Asimismo, Corrales acusó a José María Aznar de haber recibido tres millones de pesetas en dos talones bancarios -uno, por dos millones, y otro, por un millón- que supuestamente utilizó para financiar su campaña electoral de 1987 a la presidencia de la Junta de Castilla y León, que ostentó desde julio de ese año hasta septiembre de 1989.

Otras comparecencias

Para el día 15, en calidad de imputado, deberá declarar, a las nueve y media de la mañana Eustaquio Blas Villar, ex delegado de Obras de la Diputación.El pasado miércoles se aplazó su declaración porque, aunque estaba inicialmente citado como testigo, después fue emplazado como imputado y alegó que no había tenido tiempo para buscar un abogado defensor.

A las once y media de ese mismo día comparecerá el ex diputado regional Victorino Llorden Vega, también en calidad de imputado.

El Tribunal Supremo ha citado igualmente como imputados para el día 17, a las nueve y media y las once y media, respectivamente, a José Crespo Neches, tesorero del PP y diputado regional desde 1989 hasta 1991, y a Casto Lorenzo Ortega, que fue vicepresidente de la Diputación y responsable precisamente del área de Obras.

Para el día 18, a las nueve y media, está prevista la declaración como imputado de Luis Cid Fontán, que fue presidente de la Diputación entre 1983 y 1992 y actualmente es parlamentario popular en las Cortes de Castilla y León. Cid es uno de los principales imputados en la causa.

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, es el encargado de asistir a esta ronda de declaraciones por parte del ministerio fiscal. El abogado Jacobo Echeverría representa al PSOE en la querella interpuesta por este partido. El caso Zamora tiene su origen en una querella de los socialistas a la que se unió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.

El Tribunal Supremo ha asumido la competencia sobre la causa al figurar entre los querellados el senador popular Dionisio García Carnero y el diputado del mismo partido José Manuel Peñalosa.