Justicia aprobó el plus creyendo que tenía el visto bueno ministerial

VIENE DE LA PÁGINA 1 El Gobierno vasco aprobó el plus creyendo que contaba con el respaldo de Madrid. El ministerio valoró el complemento en uno de los informes que emitió durante la negociación que mantuvo con el Ejecutivo de Vitoria: "Entendemos", señala ese documento, "que el decreto del Gobierno vasco respeta los fundamentos contenidos en el proyecto (que prepara el ministerio). La dirección general del Ministerio de Justicia manifiesta su conformidad al texto propuesto". A pesar de esta apreciación, el departamento de Mariscal ha cuestionado otra vez el complemento por considerar que el plus salarial atenta contra la homogeneidad retributiva que deben tener todos los funcionarios de Justicia por tratarse de un cuerpo nacional. El máximo intérprete de la Cosntitución ya se pronunció en 1990 sobre la transferencia del personal de Justicia a las comunidades autónomas, sentenciando que los gobiernos regionales no tienen capacidad legislativa sobre estos funcionarios al ser un cuerpo nacional. Sorpresa La decisión del ministerio de volver a recurrir ha causado sorpresa y malestar en el departamento y en los sindicatos, que consideraban que estaba blindado el complemento. Este plus de productividad tiene una vigencia de un año (vence el 31 de octubre), es transitorio y no acumulable, por lo que no consolida ninguna situación. Es imprescindible cumplir una serie de requisitos para su cobro, como la participación en las actividades de formación y aprendizaje del euskera, el uso de la informática y la iniciativa y participación en las mejoras del servicio. Los trabajadores dejarían de cobrarlo si el Constitucional suspende el decreto. Aunque la cantidad varía ligeramente en cada juzgado, la media del aumento es de 20.000 pesetas para los oficiales; 36.000 para los auxiliares y 40.000 pesetas para los agentes. Recientemente, el ministerio ha tenido un enfrentamiento con el Gobierno vasco por la protección a los jueces y fiscales amenazados, lo que según algunas fuentes, ha podido influir en la decisión de recurrir. Reiteradas veces el Ministerio de Justicia ha demandado protección para estos funcionarios, pero el Gobierno autónomo no ha respondido a sus expectativas. En este clima de enrarecimiento de las relaciones entre ambas administraciones, el Gobierno central también comunicó ayer al Ejecutivo de Vitoria su intención de recurrir una orden del departamento de Agricultura referente al establecimiento de las ayudas comunitarias a superficies agrarias y ganaderas en Euskadi por la fijación de las fechas para su solicitud. "Recurren lo más ridículo, las fechas de solicitud", clamó el director de Agricultura del Gobierno vasco, Jesús María Alonso. "Se trata de un intento de Madrid de recuperar competencias diciendo que todo lo que hacen ellos es básico", zanjó.