La Diputación de Álava recuerda al PSE que apoyó los incentivos cuando dirigió Hacienda

VIENE DE LA PÁGINA 1 La resolución de la Comisión Europea anulando las ayudas a Daewoo y las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre las normas fiscales de las Diputaciones han provocado la alarma de las instituciones vascas sobre el margen de actuación que queda al Concierto en materia normativa. La Diputación de Álava proclamó ayer estar haciendo un uso "legítimo y responsable" de las competencias que le reconoce el Concierto Económico y tachó de "falsas, hipócritas e irresponsables las críticas vertidas en los últimos días por los partidos de ámbito estatal", informa Isabel C. Martínez. El gobierno foral recordó que el partido socialista formó parte del ejecutivo hasta septiembre de 1997 y participó directamente en la introducción del crédito fiscal al ordenamiento tributario alavés. Precisamente esa incorporación se llevó a cabo cuando al frente del departamento de Hacienda se hallaba el socialista Roberto San Ildefonso. La Diputación alavesa recriminó también al PP que recurra en Madrid las normas presupuestarias que apoya enVitoria. Tras la salida de los socialistas en verano de 1997, el PNV y EA, que gobiernan en minoría la institución foral, han sacado adelante los presupuestos de dos ejercicios con los votos de los populares. Entre otras cuestiones, éstos han apoyado, según recordó el ejecutivo alavés, el mantenimiento de la figura del crédito fiscal a las empresas. El lehendakari Juan José Ibarretxe consideró "fundamental" defender "con firmeza y convicción" el Concierto Económico tanto ante la Administración central, como ante las instituciones europeas y los tribunales de Justicia. No obstante, frente a reacciones más desaforadas, Ibarretxe llamó a actuar conforme a lo que denominó "la estrategia del pequeño, que no debe ser", dijo " la de la estridencia, sino la inteligencia". La anulación por el Tribunal Superior de la norma que establece estos créditos fiscales en Guipúzcoa preocupa no sólo a los políticos, sino también en el ámbito empresarial. La sentencia no es firme y va a ser recurrida ante el Tribunal Supremo por la Diputación Guipuzcoana, pero en medios económicos se considera que se ha creado un clima de "inseguridad" jurídica que puede retraer la ejecución de inversiones empresariales que contaban con estos importantes beneficios fiscales cuestionados ahora. El recurso interpuesto por el Gobierno central contra la norma de Álava que recoge los incentivos está todavía en fase de tramitación en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV. En cualquier caso, la última palabra sobre la adecuación al Concierto de los créditos fiscales a la inversión en la cuantía establecida por los tres territorios la tendrá el Tribunal Supremo. La Administración central ya ha recurrido el fallo favorable a la norma de Vizcaya, mientras que la Diputación de Guipúzcoa impugnará en breve la sentencia contraria a la suya. Será, pues, el Supremo el que unifique la doctrina sobre la cuestión y zanje las discrepancias formales detectadas entre las dos sentencias del Tribunal Vasco. En medios jurídicos se estima que una resolución final desfavorable a los incentivos no implicaría la obligación de las empresas beneficiarias de abonar las cantidades ahorradas en impuestos.