El PP se queda solo en la defensa de la ley estatal de Sierra Nevada

El Partido Popular se volverá a quedar solo, una vez más, en contra del recurso al Tribunal Constitucional (TC) que la semana próxima promoverá el Parlamento contra la ley de Sierra Nevada, aprobada en el Congreso, y que el resto de las formaciones cree que invade competencias de la Junta. El PP, junto con todo el arco parlamentario andaluz, fue redactor de un texto opuesto al que finalmente ha salido, que apostaba por la cogestión del nuevo parque nacional entre Junta y Gobierno central.

La parlamentaria popular Beatriz Martín Ovando explicó ayer que el cambio de postura de su grupo se basa en una sentencia del TC que, según interpreta, corrige el sentido del texto original de la iniciativa que el PP, PSOE, IU y los andalucistas remitieron al Congreso de los Diputados en 1995 para su aprobación. Martín Ovando alega que en esa fecha aún no se había producido la sentencia del Alto Tribunal a la que alude y que, según ella, establece que la gestión de los parques nacionales se realice mediante una comisión mixta paritaria entre las administraciones central y autonómica. No obstante, el resto de los grupos parlamentarios hacen una lectura diferente de la citada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. PSOE, IU y PA sostienen que la sentencia encomienda las facultades ejecutivas a las comunidades autónomas, es decir, la gestión "normal y habitual". El nuevo recurso al TC será apoyado por los andalucistas e Izquierda Unida, aunque ésta formación presentará un grupo de enmiendas para reforzar el texto, iniciativa de los socialistas. El recurso se aprobará la semana próxima en un pleno extraordinario, según acordó ayer la junta de portavoces, sin debate ni discusión. El PP, que tiene ahora muy difícil explicar por qué ha variado de criterio, prefirió no intervenir y dejar sus alegaciones para el pleno. En este sentido, Martín Ovando precisó que la ley que su grupo apoyó en 1995 no era por entero de su gusto: "Fue un acuerdo de mínimos que respaldamos para no romper la unidad parlamentaria, pero había muchos aspectos con los que no estábamos conformes". La propuesta que formuló el Parlamento andaluz, según denunció ayer el portavoz socialista, José Caballos, se parece muy poco al original. PP, CiU y Coalición Canaria aprobaron un texto "irreconocible" que no respeta la voluntad expresada por la Cámara andaluza y que, además, es políticamente "regresiva" y "poco conservacionista". Estos últimos aspectos no caben en un recurso al Tribunal Constitucional, por lo que el PSOE intentará modificarlos por la vía política. En opinión de Caballos, el Gobierno central "vuelve a utilizar una doble vara de medir y se alía con los nacionalistas para quitar competencias a Andalucía, mientras que se las respeta a Cataluña, que sí tiene competencias en la gestión del Parque Nacional de Aigües Tortes en Lérida".