Menores de 18 años

DESDE LA entrada en vigor del actual Código Penal, a finales de 1995, que elevó la edad penal de los 16 a los 18 años, el Gobierno tenía pendiente articular una alternativa de tratamiento específico, menos represivo y más reeducador, de la delincuencia existente entre los menores de edad. Ese compromiso se ha cumplido con el inicio del debate en el Congreso, el pasado jueves, del proyecto de ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor.El proyecto de ley responde al compromiso originario de las principales fuerzas políticas, expresado en la aprobación del Código Penal en 1995, de establecer para los menores un tipo de responsabilidad penal diferenciada de la de los adultos, por tratarse de personas en desarrollo, sin madurez suficiente para interiorizar las normas de la sociedad.

Desde esta perspectiva no se comprende el rechazo frontal del PSOE al proyecto de ley, por más que algunos de sus aspectos sean tan discutibles como el empecinamiento en rebajar la edad de responsabilidad penal hasta los 13 años en lugar de a los 14. El proyecto del Gobierno es menos represivo y está más orientado al interés del menor que el anteproyecto de ley orgánica penal juvenil y del menor elaborado por los socialistas en 1995, y asume muchas de las sugerencias realizadas entonces por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El argumento principal de los socialistas para pedir la devolución del proyecto es de orden económico. Esta ley, aun dando por supuesta su bondad, sería papel mojado si no se acompaña de los medios económicos que la hagan viable.

Es cierto que en este punto el Gobierno, y en su nombre la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, no ha pasado de prometer vagamente una inversión suficiente, cifrada en unos 5.000 millones de pesetas, para el momento en que la ley entre en vigor. Pero que no esté suficientemente aclarado el esfuerzo inversor no justifica un rechazo a la totalidad de la ley, que equivale a dejar las cosas como están. El Gobierno tiene la respuesta en sus manos: si quiere que la ley funcione desde el primer momento, debe empezar a poner a punto la infraestructura que la haga posible, sin esperar a su publicación en el BOE. La nueva ley encomienda a los fiscales, y no a los jueces, la instrucción de las diligencias. Pero ¿dónde están los fiscales especializados en ese tipo de causas? También atribuye un papel especial a equipos multiprofesionales -pedagogos, asistentes sociales, psicólogos- en el seguimiento de los fines socioeducativos asignados a las 14 medidas de tratamiento previstas en el texto legislativo, desde la amonestación verbal hasta el internamiento por un máximo de cinco años.

¿No sería momento de contratar y preparar estos equipos? ¿Y de diseñar un plan de centros especiales, que habrá que construir o remodelar, para la rehabilitación de los jóvenes delincuentes? Estos interrogantes no están despejados, pero no deben impedir que Gobierno y oposición debatan un texto que, globalmente, apunta en la buena dirección en una materia socialmente tan sensible como la delincuencia juvenil.