Fronteras blindadas
EL PROBLEMA de la inmigración ilegal en Ceuta y Melilla no se ha resuelto, sino agravado, desde que Aznar dijera aquello de que "había un problema y se ha solucionado", a propósito de la expeditiva expulsión de 103 inmigrantes indocumentados, en julio de 1996. El tiempo se ha encargado de poner de manifiesto los efectos del aval que la frase parecía otorgar a unos métodos que dejaban mucho que desear desde la perspectiva de los derechos humanos.Era difícil que fuera de otro modo. El Gobierno ha intentado en este tiempo blindar la frontera en torno a Melilla y a Ceuta, con una valla de 3,10 metros de altura de acero galvanizado, y ha reforzado las patrullas de la Guardia Civil que persiguen campo a través a los inmigrantes que logran eludirla. Pero la realidad es que la bolsa de inmigrantes indocumentados a la espera de ser admitidos en España, o en algun otro país de la Unión Europea (por la vía de los cupos o de la ayuda de ONG), ha pasado de 200 a unos 2.000 en tres años. Lo cual da idea de la dificultad del problema en sí y de la humildad con que debe ser encarado.
Es lógico que las autoridades españolas intenten hacer menos permeable a la inmigración ilegal sus fronteras con Marruecos. Entre otros motivos, porque es una obligación contraída en nombre de la UE. Otra cosa es que una valla pueda contener la riada de inmigrantes -cientos de miles, según dijo ayer en el Congreso Mayor Oreja en respuesta a una pregunta de la oposición sobre este tema- que llegan desde el África negra y que se hacinan en Tánger, Larache y otras ciudades marroquíes a la espera de poner el pie en España. Y si son más numerosos que nunca es porque las condiciones de vida de sus países empeoran. Por supuesto que la cooperación para favorecer el desarrollo del África subsahariana sería una política coherente, pero durante generaciones la inmigración será imparable, y habrá que establecer, por razones humanitarias, políticas migratorias generosas en cuanto a legalización, permisos de trabajo y cupos de admisión.
A España se le exige que su frontera con Marruecos no sea un coladero y que los inmigrantes indocumentados que logren atravesarla sean atendidos y tratados humanamente mientras se define su situación legal. Es cierto que España tiene en esa frontera un problema añadido por la inhibición marroquí a la hora de controlar el flujo de inmigrantes que desde su territorio pugnan por acceder a Ceuta y Melilla o a la Península. Pero es un problema antiguo que, en todo caso, obliga a esforzarse más y a no permitir que la situación se pudra aquí. Mediante una solución ágil de los expedientes administrativos que evite el amontonamiento de cientos de personas en campamentos de aluvión como el actual de Calamocarro, en Ceuta.
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