Cardenal considera inútil amparar a los fiscales y les sugiere que se querellen si se sienten agraviados

El rey Juan Carlos presidió ayer una reunión de estudio de los fiscales jefes de toda España que quedó enmarcada por los reproches de la Fiscalía Anticorrupción al fiscal general del estado, Jesús Cardenal, por su pasividad frente a los ataques que sufren los fiscales. Por encima del discurso de don Juan Carlos, que reclamó de los fiscales "atención diligente y una sosegada reflexión sobre la dinámica social", planeó el nuevo incidente de la ya larga serie de quejas de los fiscales contra Cardenal, que motivó una petición del PSOE para la comparecencia urgente del fiscal general en el Congreso.

Antes de inaugurarse la reunión por el Rey, Cardenal fue inquirido por las quejas de pasividad y desamparo de los fiscales anticorrupción frente a ataques como los recibidos de Jesús Gil. Cardenal divagó acerca de que la supresión del delito de desacato impide perseguir esas conductas y consideró que si los fiscales estiman que ha habido una "falta de consideración" con ellos pueden presentar la correspondiente denuncia o querella.Cardenal, que acudió al acto visiblemente indispuesto, aseguró que nadie ha puesto en duda la legalidad de la actuación de estos funcionarios por lo que "no va a añadir nada" para defenderla.

Preguntado por una posible "pasividad" de la Fiscalía hacia los fiscales anticorrupción, tal como éstos le han reprochado en un escrito que le han remitido, dijo que la Fiscalía no ha actuado "ni con pasividad ni sin ella".

Cardenal destacó que no podían compararse los ataques a los fiscales anticorrupción con los recibidos por la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao, Mercedes Bujanda, que ha pedido el traslado fuera del País Vasco. Subrayó que en ese caso se trasladó a Bilbao no para dar amparo a la fiscal, sino para reclamar amparo para ella de la Consejería de Interior del Gobierno vasco.

Las críticas al fiscal general arreciaron después por parte de Carlos Castresana, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y fiscal que ha llevado adelante la acusación contra Jesús Gil. Castresana defendió una reforma del Código Penal para que las injurias y calumnias dirigidas a fiscales en el ejercicio de sus funciones puedan ser perseguibles de oficio. Argumentó que una denuncia del fiscal ofendido obligaría a éste a apartarse del procedimiento, que es precisamente lo que busca el imputado que le ataca.

El portavoz de la UPF subrayó que los fiscales anticorrupción no buscan el "apoyo personal" del fiscal general, sino una reacción institucional de la Fiscalía General del Estado, similar al que otorga el Consejo General del Poder Judicial a los jueces.

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, aseguró que conoció la queja de la fiscalía por los medios de comunicación y declinó pronunciarse, pero reclamó "un ambiente de serenidad y respeto" para que la justicia pueda actuar.

En la inauguración de las jornadas de estudio, en las que participan 80 fiscales jefes de las fiscalías especiales, de las de los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales, el rey Juan Carlos les dirigió un mensaje de estímulo para "seguir construyendo un ministerio fiscal moderno, fiel a sus raíces y abierto a las necesidades del presente".