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Polémica por la oferta de indemnización a una viuda del "caso del Bazar España"

La oferta de dos millones de pesetas a modo de indemnización a cargo de las arcas del Estado a la viuda de una de las víctimas del desplome del muro del Bazar España envolvió ayer de nuevo en la polémica uno de los casos más opacos, cenagosos y políticos de los últimos años en Sevilla. Después de que a primera hora de la mañana la Cadena Ser informara sobre la reunión que hace alrededor de un par de semanas había mantenido la viuda de Tomás Carroza con el Jefe de Protección Civil en Sevilla, José Martínez Rey, y Manuel Barros, uno de los hombres más cercanos a la alcaldesa de Sevilla, la catarata de acusaciones y contraacusaciones no se hizo esperar. El Ayuntamiento sevillano y Martínez Rey aseguran que la ayuda (apenas dos millones de pesetas) ofrecidos a la viuda de Tomás Carroza no significan de ninguna manera que se aborte la vía judicial para dirimir responsabilidades. El caso está en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, José Herrera, y ya acumula más de un millar de folios. Aún queda por recibir el peritaje judicial, una prueba de análisis fundamental a la hora de imputar responsabilidades. El jefe de Protección Civil no ocultaba ayer su malestar por el barullo surgido de la oferta y apelaba a sus más de 20 años de servicio como funcionario para que no se le mezclara con disputas "políticas". "A mí me llamaron de la Dirección General de Protección Civil y me dijeron que por qué no había solicitado nadie las ayudas tras el desastre. Después me puse en contacto con el Ayuntamiento y me dieron las direcciones de los afectados". Según Martínez Rey, tan sólo la viuda de Tomás Carroza -con tres hijos en edad escolar- reunía los requisitos económicos para poder optar a recibir este dinero. Sin embargo, la portavoz del Partido Popular, Carmen Diz, aseguró ayer que también se había hablado con los familiares de María Pruaño, también cabeza de familia. Primera reunión Siempre según el jefe de Protección Civil, en una primera reunión la mujer llegó sola a la Subdelegación del Gobierno y no firmó nada porque no había el impreso correspondiente. Varios días después, la viuda de Tomás Carroza llegó acompañada de su abogado, Fernando Mellet, y a instancias de este se negó a firmar el citado papel, porque significaba que la muerte había sido fruto de un desastre natural. Martínez Rey insiste en que ese tipo de ayuda también las recibieron las víctimas del avión que se estrelló en Melilla y que nunca renunciaron a la posibilidad de que el juez dictaminara otras responsabilidades y otras indemnizaciones. "¡Cómo le voy a convencer yo a una persona que se quede con dos millones de pesetas si le pueden dar cerca de cien si el juez encuentra a alguien culpable!". Martínez Rey insiste que el texto legal de 1993 deja bien claro que la ayuda que daría Protección Civil no imposibilitaría la llegada de otras, "provenientes de la Administración o de quien fuere". Lo único malo de este caso, según el jefe de Protección Civil, "es que esta mujer ha perdido dos millones de pesetas". Además, asegura que el documento se podía haber firmado ad cautelam, con el compromiso de desandar lo andado si la resolución judicial fuera favorable a los intereses económicos de las familias de las víctimas. Desde el otro lado, sin embargo, se ven las cosas de distinta manera. El abogado de algunas de las víctimas Enrique Pérez Perera aseguraba ayer que haber aceptado esta ayuda habría significado admitir que las causa de las muertes habían sido naturales. Esto es, admitir que el viento fue el que derribó un muro que, además, no estaba en ruinas sino en buen estado. La incapacidad moral de poder reclamar otras indemnizaciones es la razón para la negativa esgrimida desde la parte de las víctimas. La propia viuda de Carroza aseguraba ayer por teléfono que le habían propuesto "firmar como que había sido una catástrofe natural". Todo se reduciría, según esta visión, a una estrategia urdida entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno para echar tierra sobre el tema.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 23 de febrero de 1999