El fiscal pide 14 años de cárcel para una banda que trajo 1.000 kilos de cocaína

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita penas que oscilan entre 12 y 14 años de cárcel para seis presuntos narcotraficantes detenidos en Madrid en noviembre de 1992 con casi 1.000 kilos de cocaína. Los detenidos guardaban la droga en una furgoneta-caravana alquilada en Alemania y que ocultaban en el garaje de un chalé de la localidad madrileña de Brunete. Fue la partida de cocaína más voluminosa decomisada en España hasta esa fecha.Los seis acusados integraban, según el fiscal, una organización dedicada a la distribución y venta de coca en bares de copas de España y de otros países europeos. Y formaban parte de un grupo conectado al cartel de Cali (Colombia), según informó entonces la Sección de Estupefacientes de la Brigada Judicial de Madrid.

Cuatro de los acusados son de nacionalidad colombiana, Francisco Javier Hoyos, Juan José Grisales y Otto Adrián Velez; uno, español, Enrique San José Fernández, otro italiano, Rosario Romano, y el alemán Hans Dieter Gunter. Para Grisales, el fiscal pide 12 años de cárcel, y 14 para los otros.

El fiscal señala en su escrito de acusación que "a mediados de octubre de 1992 Rosario Romano y Hans Dieter alquilaron una caravana en Alemania y se desplazaron con ella a España "para recoger cocaína y regresar con ella a Alemania". Atravesaron la frontera española a pesar de que el contrato de alquiler del vehículo lo prohibía. Una vez en España, agrega el fiscal, cargaron el vehículo con 963 kilos de cocaína envueltos en bolsas y la ocultaron en el citado garaje de Brunete.

La policía dio con este espectacular alijo de cocaína cuando seguía los pasos en Madrid del colombiano Francisco Javier Hoyos, entonces de 25 años, quien supuestamente distribuía cocaína en la terraza Malibú, de Majadahonda, y en otros pubs de la capital madrileña. Siguiéndole, los agentes llegaron hasta el chalé de Brunete, en el que la organización ocultaba la caravana con los casi 1.000 kilos de cocaína, que en el mercado negro habrían supuesto 3.500 millones de pesetas.

Los agentes montaron un dispositivo de vigilancia en torno al chalé y en los siguientes días capturaron a los miembros de la banda, que ahora deberán sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional para ser juzgados. El fiscal les acusa de un delito contra la salud pública y pide que entre todos ellos paguen una multa de 250 millones.

Víctor Hortal, abogado de uno de los acusados, asegura que el proceso judicial ha estado plagado de irregularidades. Asegura que el registro en el chalé se efectuó sin la presencia directa de la magistrada que instruyó las primeras pesquisas. "Sólo acudió al chalé cuando la operación, que duró cinco horas, había terminado, y porque le avisó el secretario de su juzgado", matiza. "El fiscal, ni apareció", añade. También critica que la droga, custodiada de forma "inaceptable" por la policía durante 45 días, fuese retirada del chalé sin los preceptivos precintos.