"Sólo pido los papeles que me prometieron"
A Hamed todavía le cuesta hablar en español. Con esfuerzo se hace entender porque están en juego su supervivencia y la de sus dos mujeres y tres hijos, que le esperan en Mauritania. Llegó a España hace tres años en busca de trabajo para dar de comer a su familia y, quizá, llevarla algún día a Calella (Maresme), en donde trabaja sin los papeles en regla para los agricultores de la zona recogiendo patatas y cebollas. Su caso es sangrante. Incluso ha llegado al Defensor del Pueblo, que desde agosto estudia su expediente gracias a la ayuda que la organización CITE-CC OO ha prestado a este inmigrante mauritano. Los papeles que muestra Hamed dejan muy claro que la burocracia española se ha burlado de su estado de necesidad. Una primera carta fechada el 12 de enero de 1998 y enviada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales le daba inicialmente una buena noticia: había sido uno de los 4.500 agraciados en el contingente de 1997 de autorizaciones de empleo para extranjeros no comunitarios. Para formalizar su deseo, la Dirección Provincial de Trabajo le enviaba un dardo envenenado: "Deberá iniciar el trámite del visado en el consulado de España en Nouadhibo (Mauritania), aportando para su solicitud el pasaporte en vigor, certificado negativo de antecedentes penales, tres fotografías de tamaño carnet y la oferta de trabajo sellada". Hamed lo tenía todo listo. Pidió la ayuda de sus compatriotas de Calella, que le prestaron el dinero para costearse el viaje, de ida y vuelta, hasta el país africano. Una vez allí los días de espera se convirtieron en meses. Al final, tras mucha insistencia en el consulado de Nouadhibo, sólo consiguió un visado de turista para regresar a Barcelona. La Subdelegación del Gobierno ya tenía preparada su tarjeta de empleo, pero no se la dio porque su visado no era de trabajo. Ahora, desde el Defensor del Pueblo se asegura que ya se han tramitado dos requerimientos ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores para que Hamed pueda normalizar definitivamente su residencia en España. El caso de este inmigrante mauritano podría ser de mala suerte. Un error probablemente. Pero el hecho de que en la provincia de Barcelona, a fecha de hoy, cerca del 50% de los inmigrantes agraciados en el cupo del año pasado no haya pasado a recoger los deseados papeles de trabajo y residencia hace pensar que hay muchos más errores de este tipo. En Tarragona el problema alcanza al 40% del contingente de 1998, concretamente a 115 de los 290 inmigrantes del cupo del año pasado. En Girona la cosa está un poco mejor, y son sólo 80 de los 511 inmigrantes con autorización de empleo los que no han recogido su tarjeta por falta de visado. En Lleida, el actual colapso de peticiones no les deja ni tiempo para contabilizar las tarjetas que crían malvas en su oficina de extranjería. La asociación africana Moussa Molo confirma que el caso de Hamed es habitual en la zona del Maresme. Muchos inmigrantes se ven obligados a continuar como ilegales a pesar de que el Gobierno les había concedido inicialmente una autorización de trabajo de un año de duración. Estos permisos empiezan a restar validez desde el momento en que se comunica al inmigrante que ya puede pasar a retirarlo. Hamed sigue recogiendo patatas y cebollas, pero no puede mostrar su rostro ante el objetivo del fotógrafo porque sigue siendo un sin papeles. Él sólo suplica una cosa: "Quiero los papeles que me prometieron".
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