SUSANA MARTÍNEZ LETRADA DE LA COMISIÓN DE MALOS TRATOS "Se necesita más apoyo psicológico a las víctimas de malos tratos"

El problema de la violencia doméstica es una responsabilidad "social, no privada como se ha venido considerando hasta ahora". Susana Martínez (Madrid, 31 años), abogada de la comisión estatal sobre malos tratos a mujeres, considera que la coordinación de todos los agentes sociales implicados es la piedra angular en la que se debe basar su solución. Ayer ofreció una conferencia en la Escuela de Trabajo Social de Vitoria, en la que subrayó la vertiente jurídica del problema: "Las reformas legales son importantes, pero lo es más su aplicación", indica. Pregunta. ¿Se ha actualizado lo suficiente la legislación referente a los malos tratos? Respuesta. Hay dos ámbitos en los que tiene incidencia este problema: el penal y el civil. Normalmente, siempre pensamos en la vía penal. Sin embargo, no solucionamos nada si no arbitramos unas pautas civiles cuando un señor tiene una pena de multa o unos arrestos de fin de semana. Se tienen que tomar medidas sobre la organización de su domicilio y la situación de sus hijos para evitar que se repita esa conducta. P. Uno de los caballos de batalla legales es la reiteración de una falta que no llega a ser delito. R. Hay una interpretación jurisprudencial que entiende que si ya se ha penalizado con una falta ese hecho, sancionarlo como delito incurre en la repetición de la sanción. Nosotros entendemos que no se da porque con el delito de maltrato habitual no estamos condenando el hecho aislado, sino el ejercicio continuado de la violencia. P. ¿Qué deficiencias existen aún en la lucha contra la violencia doméstica? R. Hay un campo que se tiene poco en cuenta: el terreno psicológico. En nuestra comisión atendemos a las mujeres maltratadas desde el punto de vista legal, pero a veces me siento impotente ante la necesidad de apoyo psicológico que existe. Este respaldo no debe llegar sólo desde la Administración, sino desde su propia familia o vecinos. Muchas veces, teniendo familiares cercanos, las afectadas deben irse a un piso de acogida. P. Diversos colectivos han criticado reiteradamente la existencia de penas contraproducentes para las víctimas. R. Con el Código Penal de 1995 se desterró el arresto domiciliario del agresor, una práctica lesiva contra la afectada, por arrestos de fin de semana. Sin embargo, muchas veces se impone una pena de multa y, como a menudo nos encontramos con matrimonios que funcionan en régimen de gananciales, ese dinero lo paga el patrimonio familiar, no sólo el acusado. De esa manera, la víctima paga las consecuencias de la agresión que ha sufrido. Esta situación sí que la consideramos criticable. P. ¿Existe suficiente sensibilidad en el ámbito judicial sobre esta realidad? R. Pretendemos que cambie y tal vez algo se está consiguiendo, pero todavía falta muchísimo. Esto se puede ver todos los días en el juzgado, tanto por la actuación de los profesionales de la abogacía como de los propios jueces y fiscales. En la comisión estatal hicimos un muestreo de sentencias y un número importante de ellas dejaba mucho que desear. El problema otras veces está en la prueba, ya que es muy difícil definir la existencia de malos tratos en el ámbito familiar cuando no hay testigos o marcas. Pienso que si existen unos mínimos indicios hay que seguir la causa, tomárselo mucho más en serio y no archivarlo al primer momento o imponer unas sanciones mínimas. P. ¿Comparte las reformas a las que se ha sometido el Código Penal? R. Estas reformas serían suficientes, pese a ser mejorables, pero creo que en muchos casos el problema se centra en su aplicación. Las cosas serían distintas si se aplicara la ley con mayor rigor. P. ¿Qué datos maneja sobre las denuncias de malos tratos? R. El año pasado fueron unas 17.000 en toda España, lo que representa un crecimiento moderado. Este dato no significa que crezcan los malos tratos, sino que la gente se atreve más a denunciarlo, aunque aún muchas mujeres sienten vergüenza de hacerlo. También hay que romper el tópico de que se trate de personas de clase social baja, ya que a nosotros sólo nos llega esa información. Las afectadas de más poder adquisitivo llevan el asunto a un despacho de abogados que trata el tema con mayor discreción.