Cultura o culturas [HH] ENRIC FOSSAS
En su último encuentro, los firmantes de la Declaración de Barcelona han reivindicado la desaparición del Ministerio de Cultura por carecer de sentido en el actual Estado autonómico, y por ser innecesario dado que la cultura española, en singular, no existe. La iniciativa ha suscitado la adhesión de otras fuerzas nacionalistas en Cataluña, el rechazo de los populares, que han visto en ello la negación de la misma "existencia de España", y una cierta simpatía por parte del precandidato socialista, que inicialmente la calificó de "interesante" por su connotación federal, pero luego, ante la posición de Borrell, optó por apoyar la existencia de un ministerio de las culturas. Creo que más allá de los legítimos proyectos políticos de cada partido, ninguno de los argumentos esgrimidos resulta convincente para estar a favor o en contra de la propuesta. En realidad, que un país disponga o no de un Ministerio de Cultura depende de varios factores. En primer lugar, de que exista una tradición de intervención pública cultural, como sucede en el continente europeo, donde el Estado social reconoce a todos los ciudadanos un derecho de acceso a la cultura que, para ser satisfecho, exige una acción de los poderes públicos. Pero ello no es así en los países anglosajones, donde el fomento de la cultura se ha dejado tradicionalmente a la iniciativa privada. Este es el caso de Estados Unidos, donde el Gobierno federal dispone de un modesto fondo para financiar proyectos culturales (National Endowment for the Arts) o de Gran Bretaña, donde nunca ha existido una clara legitimación de política cultural. En coherencia con sus postulados liberales, el PP debería seguir estos modelos, favorables al mercado y a la iniciativa privada, y suprimir el Ministerio de Cultura. Y que no se inquiete por la existencia de España. Nadie niega la nación americana o el Imperio británico por no tener un Ministerio de Cultura. En segundo lugar, que un gobierno disponga o no de Ministerio de Cultura depende de criterios de organización político-administrativa. El Ministerio de Cultura español fue creado por el Gobierno de UCD durante la transición política, siguiendo el ejemplo francés del general De Gaulle, que en 1959 estableció por primera vez en Europa un Ministerio de Asuntos Culturales, al frente del cual situó al escritor André Malraux. Pero existen otros países, como Alemania, donde los asuntos culturales no son gestionados autónomamente y van unidos a la enseñanza, la investigación o los medios de comunicación. Dada la dificultad de acotar nítidamente el sector cultural, su organización depende finalmente de conveniencias políticas y administrativas, como puede comprobarse en las distintas administraciones autonómicas (y locales), incluida la catalana. En tercer lugar, la organización territorial del Estado puede determinar que el Gobierno central no tenga un Ministerio de Cultura. Así sucede en algunos países federales como la RFA, donde los länder poseen la llamada "soberanía cultural" a partir de una tradición histórica y los principios constitucionales. Curiosamente, la victoria de Schröder en las últimas elecciones ha supuesto la creación, por primera vez desde la fundación de la RFA, de un Ministerio Federal de Cultura, propuesto por el SPD en su programa electoral. Otros gobiernos federales (Austria, Suiza) disponen también de departamentos culturales, con rango de ministerio o inferior. El argumento federal debe, pues, ser matizado. Además, su traslación a nuestro Estado autonómico resulta problemática porque la jurisprudencia constitucional ha venido reiterando la doctrina según la cual el fomento de la cultura es una competencia concurrente plena, que permite la actuación indistinta de todas las instancias administrativas. Finalmente, queda el factor propiamente cultural, es decir, si en un país existe una cultura que pueda ser administrada por un ministerio, o existen dos, como en Bélgica, cuyo ministerio fue dividido en 1968, y posteriormente desapareció. Posiblemente porque allí, para bien o para mal, las cosas están más claras que aquí.
Enric Fossas es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona.
