Juicio al Ayuntamiento y a una promotora por el desalojo y ocupación del parque de agua

La Audiencia de Alicante ha declarado visto para sentencia el juicio por el desalojo y ocupación del parque de agua de la Playa de San Juan que ejecutó el Ayuntamiento de Alicante para desarrollar el plan parcial de La Condomina, actuación urbanística promovida por la empresa Hansa Urbana, de la que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) es accionista mayoritaria. Ocio Canarias SA, empresa que explotaba el parque quiere cobrar indemnizaciones y reclama la recuperación de las instalaciones. Tarea difícil, pues el el antiguo complejo de ocio se ha convertido en un campo de golf.

La vista oral se celebró la semana pasada en la sección sexta de la Audiencia de Alicante. El fallo del tribunal, que se conocerá en un plazo de unos 10 días, resolverá el recurso de apelación interpuesto por Ocio Canarias, SA, a la resolución del juzgado de primera instancia 5 de Alicante, que desestimó el interdicto de esta empresa para recuperar la posesión del terreno. El letrado del parque de agua, José Luis Iglesias, aseguró durante el juicio que el Ayuntamiento no cumplió los requisitos administrativos para desalojar las instalaciones, ni notificó su actuación a todos los afectados. A su juicio, Hansa Urbana tendría que haber pagado indemnizaciones antes de la ocupación de los terrenos. "Lo único que hizo fue depositar un aval", dijo. El abogado censuró la "inusual" rapidez con la que el Ayuntamiento facilitó el suelo a la promotora y dejó entrever una sospechosa connivencia entre la administración local y la promotora. "Hay que recordar que Hansa Urbana pagó 300 millones de pesetas al Consistorio a cambio de la aprobación del plan urbanístico", dijo Iglesias. El Ayuntamiento desalojó y precintó el complejo con un gran despliegue policial. Amparándose en un auto judicial, el Ayuntamiento tomó posesión de los terrenos para, a renglón seguido, ponerlos a disposición de Hansa Urbana. La aprobación municipal del proyecto de reparcelación del plan parcial, para la construcción de un campo de golf y 4.600 viviendas, eliminó la posibilidad de que Ocio Canarias siguiera explotando las instalaciones. La mercantil recurrió en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano la aprobación del proyecto, que vio la luz con los únicos votos del Grupo Popular. A su entender, el acuerdo municipal es "ilegal" y los actos, "nulos". No obstante, el alto tribunal dio la razón al Ayuntamiento. Previamente, un decreto municipal había declarado extinguida la licencia que el Consistorio otorgó a Ocio Canarias el 16 de diciembre de 1994. La empresa también denunció penalmente al Ayuntamiento por un delito contra los trabajadores. En el momento de la clausura de las instalaciones, en el complejo de ocio estaban empleadas más de un centenar de personas, 16 de ellas con contratos fijos. El parque de agua se construyó en 1989 con una inversión de unos 2.000 millones de pesetas, de los que 600 correspondían a una hipoteca con la CAM. Aquópolis, la empresa que inicialmente explotó las instalaciones, no pudo hacer frente a la hipoteca, y el parque quedó abandonado. La CAM se adjudicó los terrenos en subasta y contactó, en enero de 1992, con Ocio Canarias para poner en marcha el complejo. Esta empresa reconstruyó el parque con una inversión de 300 millones de pesetas. El complejo pasó a llamarse Octupus y, posteriormente, cambió el nombre por el de Ocean Park. El conflicto surgió cuando Ocio Canarias dejó de pagar el arrendamiento y Hansa Urbana puso en marcha el proyecto del plan parcial de la Condomina, aprobado por el Ayuntamiento en el año 1995.