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Reportaje:CONSUMO

Seguros de raza

En España los perros generan una actividad económica que ronda los 150.000 millones de pesetas anuales.

El mejor amigo del hombre suscita pasiones y también economía. Incluso la obligatoriedad de que determinadas razas de perros, en algunas comunidades autónomas, cuenten con un seguro de responsabilidad civil frente a terceros ha avivado una polémica que viene de lejos y que los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas ha puesto en bandeja. Como trasfondo constan los miles de casos relacionados con toda clase de razas de perros que cada año pasan por los juzgados. Nadie sabe con exactitud el número de canes que hay en España. Las estimaciones de la Real Sociedad Canina de España (RSCE) sitúa el número de ejemplares entre los tres millones y los cuatro millones. Sí se sabe que unos 600.000 son de pura raza y corresponden al segmento que genera mayores servicios y actividad económica.

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Un entramado de empresas centradas en estos animales, que empieza por los criadores y pasa por las clínicas veterinarias, las residencias, los fabricantes de alimentos, medicinas y objetos de higiene, las peluquerías, los cementerios, los regalos y adminículos, las prendas, los seguros, etcétera, promueve en nuestro país una actividad económica que ronda los 150.000 millones de pesetas. Casi un tercio de esta cifra corresponde al capítulo de alimentos especializados, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía. "Junto a esta industria, los perros son los principales clientes de las más de 2.000 clínicas veterinarias españolas, hoteles y residencias, y de los todavía escasos hospitales caninos, algunos con hasta 20 empleados", dice el veterinario Manuel Gardoqui.

Actualmente, la responsabilidad civil en que pueden incurrir los perros y sus dueños se ampara bajo distintas fórmulas aseguradoras, si es que los propietarios se han preocupado de su cobertura. Las actuaciones de estos animales de compañía se encuentran amparados dentro de las pólizas del hogar. Por ejemplo, Mapfre Seguros Generales, entidad que cuenta con 900.000 hogares asegurados en España, dice textualmente que "se cubre la posesión de animales domésticos, considerando como tales exclusivamente a perros, gatos, aves y roedores enjaulados, peces, tortugas, y excluyendo cualquier otro tipo de animal". El problema surge cuando el seguro, para determinadas razas, se convierta en obligatorio, como ocurrirá en Cataluña y Madrid en los próximos meses. Raúl Morato, director técnico de Mapfre, advierte que, en ese caso, "habrá que emitir pólizas específicas, y, probablemente, más caras, porque asegurar altos capitales con menos masa de asegurados, más los gastos de administración que genera, complica la gestión". Las pólizas de hogar de Mapfre excluye expresamente "las responsabilidades que deban ser objeto de cobertura por un seguro obligatorio".

La cuestión del seguro obligatorio de determinadas razas, con lo que supone de señalamiento expreso de peligrosidad, ha suscitado una viva polémica entre los sectores implicados, comenzando por los criadores, que ven en peligro su negocio. Este hecho se ha materializado en un decreto recientemente aprobado por la Comunidad de Madrid que señala 14 razas. Según comenta su director de Agricultura y Alimentación, Adolfo Cazorla, "ahora estamos trabajando en la preparación de una orden con el Colegio de Veterinarios para la puesta en práctica del decreto, que pretende proteger a las personas. A partir de su publicación se darán tres meses para que se produzca el seguro obligatorio". Cataluña viene promoviendo su propia legislación, que va en el mismo sentido.

Para el abogado Ignacio Hebrero, especialista en responsabilidad civil y seguro, no hay que confundir seguro obligatorio con la obligatoriedad de asegurarse: "Un seguro obligatorio conlleva la necesidad de que exista un fondo de garantía (en un caso como éste sería el Consorcio de Compensación de Seguros), mientras que la obligatoriedad de asegurarse en determinada comunidad autónoma da juego a posibilidades aleatorias, por ejemplo: ¿qué ocurre con los perros que pueden encontrarse de paso o los que están en segundas residencias fuera de la comunidad autónoma?". Desde diversas perspectivas, son los profesionales que viven del perro los primeros en exigir que el seguro sea obligatorio para todos los canes. Así se pronunciaba en una nota el Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, y lo confirma Leocadio León, presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid. "Un animal pequeño también puede provocar un gran suceso", comenta. Efectivamente, un susto o un tropiezo puede terminar en resultado de muerte o lesiones para una persona. Las disposiciones sobre determinadas razas lo único que vendrían a recalcar es su capacidad de ataque y defensa, pero, como señala Adolfo Cazorla, también la capacidad de intimidar a las personas. Estas tesis también son defendidas por los aseguradores especializados, que cuentan con sus propias listas de razas con mayor riesgo de incurrir en siniestros de daños a las personas. Apenas se trata de un puñado de entidades: Ocaso, Catalana Occidente, Vitalicio, Mapfre Agropecuaria y la correduría Kalibo.

Según datos de las aseguradoras con contratos multirriesgos para perros, el 50% de los siniestros se produce por problemas de responsabilidad civil. Para la veterinaria Elena Platas, responsable de siniestros de Mapfre Agropecuaria, "aunque se han señalado una serie de razas para su aseguramiento obligatorio, la experiencia nos demuestra que cualquier perro puede causar un accidente. Una raza que no está incluida en la lista de Madrid es el pastor alemán, implicado en un gran número de sucesos".

Todos los profesionales consultados opinan que la implantación de un seguro obligatorio para todo tipo de perros ayudaría a sus dueños a concienciarse de la responsabilidad que tienen frente a sus vecinos. Estos seguros en ningún caso cubrirían las multas y sanciones penales que recibieran los dueños por observar conductas negligentes. La formación de los dueños de perros y su paseo con correa en los núcleos urbanos, como, por ejemplo, se exige en Madrid, evitaría muchos sucesos que hoy por hoy terminan en los juzgados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 14 de febrero de 1999