Los neonazis y las hinchadas violentas serán perseguidos por asociación ilícita

La impunidad de los grupos ultras y las hinchadas violentas toca a su fin. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, anunció ayer que cada vez que se registre un acto delictivo (por ejemplo, promover la discriminación, el odio o la violencia por ideología, religión o etnia) en el que se sospeche que ha intervenido algún miembro de estas organizaciones se abrirá una investigación por asociación ilícita (delito castigado con un mínimo de un año de cárcel). Esta apertura de foco penal cristalizará en acusaciones fiscales no sólo contra los autores directos del delito, como hasta ahora, sino también de sus compañeros de organización, aunque no hayan intervenido directamente. Éste es uno de los acuerdos adoptados ayer en el seno de la reunión que mantuvieron en la Delegación del Gobierno de Madrid los integrantes de la Comisión Antiviolencia de la Comunidad de Madrid, integrada por la policía, Guardia Civil, el fiscal jefe, el juez decano y representantes de partidos políticos y colectivos ciudadanos. Para lograr este fin, el fiscal jefe pidió la colaboración del resto de los miembros de la comisión, y en especial de la policía, para que le proporcionen datos sobre la estructura de estos grupos, con vistas a aportarlos a los tribunales y, en su caso, poder condenarles por asociación ilícita. En la mente de los asistentes a la reunión estaba presente el crimen del seguidor de la Real Sociedad Aitor Zabaleta, supuestamente cometido por Ricardo Guerra Cuadrado, miembro del grupo neonazi Bastión, escindido del Frente Atlético, la hinchada radical rojiblanca. "Conocer la estructura organizativa de estos grupos radicales es una labor que va a durar mucho y que si es exitosa podrá dar frutos, pero estamos hablando del futuro y no en relación a este hecho puntual", observó el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. PASA A LA PÁGINA 3

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El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, pidió a los ayuntamientos que tomen más interés en erradicar la violencia urbana. Se refirió en concreto "a los ayuntamientos del sur, donde hubo un repunte de la violencia el año pasado". "Estos ayuntamientos", agregó Ibarra, "no pueden mirar hacia otro lado ante la violencia, y han de ponerse manos a la obra con campañas de prevención ciudadana", clamó.El director general de Política Interior y presidente de la Comisión Antiviolencia, José Ramón Ónega, reconoció que la Ley del Deporte -que actualmente se halla en el Parlamento pendiente de discusión- adolece de "disfunciones" entre lo que castiga la autoridad administrativa y la deportiva. Desde Interior, según Ónega, se actuará "con todo el peso de la ley" contra los grupos violentos, pero también contra los jugadores, directivos o entrenadores que inciten a la violencia a través de sus manifestaciones públicas, advirtió el presidente de la Comisión Antiviolencia."Las conductas ilícitas no son sólo patrimonio de ciertos grupos, sino también de directivos, jugadores y entrenadores, que excitan a los aficionadose con declaraciones violentas; todo ello es el componente de esa violencia que germina, que se endurece y que lleva a resultados dramáticos, incluso con pérdidas humanas", aclaró Ónega.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 11 de febrero de 1999.

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