El fiscal pide seis meses de cárcel para el gestor de una gasolinera contaminante

El fiscal de Medio Ambiente de Madrid solicita seis meses de cárcel para el gestor de la gasolinera de San Fernando de Henares en la que, a finales de 1992, se produjo un escape de 230.000 litros de carburante. El enorme vertido, fruto de la corrosión y nulo mantenimiento de los tanques del surtidor, contaminó 90.000 metros cúbicos de agua de un acuífero cuaternario adyacente al río Jarama. Restaurar el acuífero costará 240 millones.

El escape se produjo en uno de los seis tanques del surtidor, que estaban corroídos. Se abrió un agujero del tamaño de una moneda de 100 pesetas y el carburante terminó mezclado con 90.000 metros cúbicos de agua del acuífero.En su escrito de acusación, el fiscal Emilio Valerio exige que el dinero para restaurar el acuífero lo abonen "conjunta y solidariamente" el dueño de la gasolinera, Francisco Javier A. M.; la empresa que gestiona el surtidor, Repsol, y la Confederación Logística de Hidrocarburos. El fiscal acusa al gestor de la gasolinera, que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados de un juzgado de lo penal de Madrid, de un delito contra la protección del medio ambiente y otro de daños al medio ambiente.

19 años sin revisión

La gasolinera está situada cerca del puente de San Fernando, en la carretera de Barcelona, y fue construida en 1973. Señala el fiscal que las instalaciones del surtidor pertenecían inicialmente a Campsa, empresa que en 1991 fue absorbida por Repsol. Campsa cedió la explotación de la estación al acusado y, mediante un contrato, le obligó a "asumir la responsabilidad de los daños que sufra la estación y los que ésta provoque a terceros", así como a "mantener la instalación en perfecto estado de conservación". No obstante, en otra de las cláusulas de ese contrato, Campsa -luego Repsol- asumió "la conservación de los tanques". Lo cierto es que durante 19 años esos tanques nunca fueron revisados, al menos hasta que se descubrió la fuga a fines de 1992, lo que provocó que "se deterioraran progresivamente, primordialmente a causa de la corrosión". Cuando se produjo el vertido, tres de los seis depósitos existentes en la gasolinera estaban corroídos. Y en concreto, uno de ellos venía registrando desde 1996 continuas pérdidas de gasolina. Primero surgieron las fisuras, y luego, el boquete del tamaño de una "moneda de 100 pesetas". En noviembre de 1992 se escaparon por ese boquete "59.099 litros de gasolina, y otros 168.121 en diciembre de ese mismo año", concreta el ministerio público.El fiscal asegura que un escape de esa envergadura difícimente pudo pasar inadvertido para el gestor de la gasolinera, quien, con toda seguridad, según el fiscal, sí que lo supo "el 24 de diciembre de 1992". Pese a ello, no "adoptó medida alguna que hubiese permitido la anulación o minimización del derrame", ni vació los tanques. Pone de relieve el fiscal "el gravísimo riesgo de explosión" que existió en el surtidor en esa época, ya que parte del carburante "se evaporó en el espacio existente entre los tanques y el recubrimiento externo de éstos".

El carburante contaminó una masa de agua que se extendió por una superficie de 120.000 metros cuadrados, con un volumen de 90.000 metros cúbicos, "y ha dañado gravísivamente el acuífero cuaternario de Jarama", sostiene el fiscal Valerio.