El Ayuntamiento revisará 500.000 multas en busca de firmas falseadas

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano (PP), ha ordenado la revisión de todas las multas de tráfico recurridas desde 1995 para verificar si se ha falsificado la firma de los policías municipales en la ratificación de la denuncia, con lo que el proceso sería nulo. Con esta medida, que nunca antes se había tomado en el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde responde a la alarma social creada tras conocerse, el miércoles de la semana pasada, el caso de un ciudadano que recurrió una multa y denunció la falsificación de la firma de un agente hasta que el Ayuntamiento confesó la irregularidad. Las empresas que hacen negocio recurriendo multas descubrieron, sólo un día después (jueves), decenas de sanciones irregulares. La fiscalía, el viernes, abrió una investigación.

La orden del alcalde ocasionará un trabajo ingente: sólo en 1998 los automovilistas recurrieron 267.000 sanciones. El concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, calcula que en total se examinarán cerca de medio millón de denuncias recurridas en los cuatro años. El concejal de Seguridad, José Ignacio Echeverría, eleva esta cifra a 800.000 multas. Se ha elegido 1995 porque las multas impuestas antes de ese año ya han prescrito.

El procedimiento de revisión será el siguiente: empleados del área de Hacienda examinarán todas las multas recurridas y enviarán a las unidades policiales las fotocopias de los casos en los que las firmas de la primera sanción y la ratificación (en teoría hecha por el mismo agente que presenció la infracción) no coincidan. En las dependencias de la Policía Municipal, los agentes, en presencia de un superior, estudiarán una a una las firmas y deberán certificar si son verdaderas o falsas.

Para llevar adelante el trabajo, el Ayuntamiento contratará personal eventual y comprará una fotocopiadora industrial. El concejal de Hacienda no especificó ayer ni cuánto va a costar la comprobación ni cuánto tiempo va a durar. Bujidos añadió que es "imposible" decretar una "amnistía general de multas" porque incurriría "en delito". "No se pueden hacer las cosas así, diciendo "muerto el perro se acabó la rabia", se justificó.

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