El Gobierno tratará de impedir legalmente que los kurdos en el exilio se reúnan en Vitoria

El Gobierno tratará de impedir legalmente que los 65 miembros del autodenominado Parlamento kurdo en el exilio celebre una sesión en la Cámara vasca, en el próximo mes de julio, a invitación de la mayoría nacionalista de Vitoria. En ese sentido, ha encargado a los servicios jurídicos de Interior, Asuntos Exteriores y Administraciones Públicas que estudien todas las posibilidades legales que les ofrezca el ordenamiento para evitar la referida asamblea kurda. El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, afirmó ayer que, si carecen de visado, los integrantes del Parlamento kurdo en el exilio no entrarán en España. Si lo tienen, añadió, se tratará de buscar un resquicio legal para que tampoco puedan hacerlo.

La Mesa de la Cámara vasca acordó el pasado martes, con el respaldo del PNV, Eusko Alkartasuna (EA) y Euskal Herritarrok (EH) y la oposición del PP y el PSOE, que el Parlamento kurdo en el exilio se reúna en julio en Vitoria. Esta decisión, según advirtió el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, perjudica las relaciones de España con Turquía. El propio primer ministro turco, Bulent Ecevit, declaró en Ankara, al tener conocimiento de ella, que va en contra de "la alianza" y "la amistad" entre ambos países y "da alas al terrorismo kurdo". Su embajador en Madrid, Gün Gür, insistió ayer en que ha sido "deplorable" y reiteró que "la llamada Asamblea del Kurdistán en el exilio no es un Parlamento, puesto que sus miembros no son elegidos, sino nombrados por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK)", responsable, añadió, de más de 30.000 muertes en su país y que sólo pretende dividirlo.

El Gobierno español quiere ahora evitar por algún medio legal que los kurdos vayan a la capital vasca a pesar de la libre circulación de las personas. Entre otras razones, aparte la de preservar las relaciones de España con Turquía, para responder con la ley en la mano a las maniobras del "frente nacionalista vasco" y a su intento de internacionalizar de una manera u otra la cuestión de Euskadi. Este asunto se planteó el martes en el encuentro del presidente, José María Aznar, y el candidato socialista, José Borrell. Aznar manifestó a Borrell que la forma de afrontar el reto del "frente nacionalista vasco", que ahora utiliza la excusa de los kurdos, es impedir legalmente sus propósitos.

"Inteligencia y flexibilidad"

Aznar citó la firme determinación del Ejecutivo de rechazar cualquier resolución política que proceda de la Asamblea de Municipios Vascos, constituida el sábado en Pamplona. Y, por supuesto, también aludió a la decisión de la Mesa de Vitoria de invitar a los kurdos. [Fuentes del Gobierno también ponen como ejemplo de firmeza la resolución de la Audiencia Nacional de impedir a José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, ex dirigente de ETA y diputado vasco por EH, que salga de la cárcel -se halla en prisión preventiva acusado de crímenes terroristas- para acudir a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara vasca]. En todo momento, Aznar insistió ante Borrell en que la batalla al "frente nacionalista vasco" hay que darla en el terreno legal y defendió una actitud más "inteligente y flexible" en el político. En este sentido, se refirió al riesgo de que determinadas medidas unitarias desde el PP, el PSOE e incluso IU se interpreten como una política frentista española ante los nacionalistas vascos.

De ese modo argumentó Aznar su oposición a que se trate de llevar al Congreso una resolución en defensa de la Constitución y el Estatuto de Gernika de la que se podrían descolgar los nacionalistas. Por esa misma razón expresó sus reticencias a convocar el Pacto de Madrid, que agrupa a las fuerzas parlamentarias del espectro español, en contra de lo pedido por el PSOE.

El presidente cree que "hay que dar tiempo al tiempo" y confía en que se produzca una reacción de la sociedad vasca ante las últimas medidas de su nuevo Gobierno, monocolor y nacionalista, y del Parlamento vasco, también con mayoría nacionalista. Aznar está convencido de que decisiones como la de que los kurdos se reúnan en Vitoria, con consecuencias económicas negativas para Euskadi, produzcan la reacción del empresariado, los sindicatos y la sociedad.

El Ejecutivo de Aznar cree que acuerdos unitarios desde el Congreso darían "fuelle político" al "frente nacionalista vasco" y podrían tener un efecto negativo. Así, considera que esas medidas deben ir acompañadas de la reacción social del pueblo e incluso de los sectores moderados del propio nacionalismo.

"Espectáculo lamentable"

El caso de los kurdos, en concreto, causa "una pena inmensa", según Jaime Mayor. El ministro del Interior enfatizó ayer que el Gobierno hará todo lo posible, legalmente, para impedir que acudan a Vitoria, "un espectáculo lamentable, una escenificación más de la radicalización de posiciones" de los nacionalistas. Se trata, concluyó, de evitar "un alegato a favor del terror de un grupo violento que representa la mayor violencia de las posibles". A su vez, el ministro portavoz, Josep Piqué, calificó como "una concesión a la demagogia" el ofrecimiento de los nacionalistas a los kurdos y apuntó que se intentará que el daño a los intereses españoles "sea el mínimo". Su homólogo de Defensa, Eduardo Serra, corroboró las "indudables" repercusiones del tema en las relaciones con Turquía.

El secretario general del PP, Javier Arenas, comentó también que su decisión sitúa de nuevo al PNV "en la línea de HB y EH".

En ese mismo plano se manifestó Juan Alberto Belloch, portavoz socialista en la Comisión parlamentaria de Justicia e Interior. "Un error más dentro del seguidismo de los nacionalistas a lo que marca ETA a través de EH", dijo, y apostilló: "Es normal y coherente que unas mayorías nacionalistas tengan ciertas afinidades con el PKK".