Las ausencias socialistas en Cortes impiden que se investigue la adjudicación de emisoras de FM
El PP salió ayer airoso de las dos propuestas presentadas en las Cortes por Esquerra Unida-Els Verds en las que se solicitaba la suspensión durante seis meses de las concesiones de las emisoras de frecuencia modulada (FM) otorgadas por el Consell y se reclamaba la creación de una comisión de investigación parlamentaria que revisase todo el proceso. En la primera Unión Valenciana se abstuvo, y en la segunda las ausencias del PSPV y la presteza con la que Zaplana y Barberá volvieron a sus escaños arrojó un empate a 43 votos, lo que hizo decaer la iniciativa.
Los votos de Unión Valenciana no sirvieron ayer a la oposición para sacar adelante la propuesta de crear una comisión de investigación sobre la concesión de 15 emisoras de FM realizada por el Consell el día de Nochebuena. Las ausencias de los socialistas Ramón Berenguer, gravemente enfermo; Francisca Benavent, que no acudió al pleno por problemas familiares, y del tránsfuga Josep Garés, impidieron a la oposición y a Unión Valenciana superar la cifra de 43 votos conseguida por los populares y el diputado de Iniciativa de Progreso Rafael Ferraro. Los portavoces del Grupo Popular a la vista de las bajas de los socialistas llamaron al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para que acudiesen al hemiciclo a ocupar sus escaños y bloquear una iniciativa que hubiese supuesto un quebradero de cabeza para el Consell. El portavoz de Unión Valenciana, Fermín Artagoitia, explicó por qué el voto de su grupo era de signo diferente en cada una de las propuestas. Los regionalistas se abstuvieron en la propuesta de paralizar las concesiones de las FM por un periodo de seis meses alegando que formaban parte del Consell y, por tanto, no podían cuestionar sus decisiones pese a que no habían sido informados ni consultados durante todo el proceso de convocatoria y adjudicación de las licencias de emisión. En cambio, Unión Valenciana apoyó la creación de una comisión de investigación sobre las mismas concesiones en base al argumento de que siempre han estado a favor de la transparecencia y del control parlamentario de las tareas del ejecutivo. Los populares justificaron su oposición a las dos propuestas formuladas por Esquerra Unida-Els Verds alegando un supuesto defecto de forma -las iniciativas se habían incluido en el orden del día del pleno parlamentario antes de ser publicadas en el boletín de la Cámara- y a la convicción de que todo el proceso había sido legal y conforme a criterios objetivos. Socialistas, Esquerra Unida-Els Verds y los tres diputados de Nova Esquerra votaron tanto a favor de paralizar las concesiones como de abrir una investigación parlamentaria que permitiese conocer a toda la Cámara los criterios por los cuales el consejero de Presidencia, José Joaquín Ripoll, había adjudicado de entre las cerca de 375 peticiones realizadas las 15 emisoras de FM a empresas afines al Partido Popular. Pasqual Mollà, de Esquerra Unida-Els Verds, instó sin éxito a Ripoll, presente en el debate, a salir a la tribuna y a explicar los criterios con los que realizó las adjudicaciones.
Mollà acusa al Consell de ocultar los criterios de adjudicación de las FM y crear un grupo afín
Pasqual Mollà, portavoz de Esquerra Unida-Els Verds, llevó el peso del debate. En la defensa de la primera iniciativa, para suspender temporalmente la adjudicación, Mollà recordó las diversas modificaciones de fechas introducidas a lo largo del proceso administrativo y mencionó el caso de una empresa constituida días antes del plazo y que recibió tres adjudicaciones. "El proceso ha estado plagado de interferencias", sintetizó. En su segunda intervención destacó, como los propios regionalistas denunciaron, la escasa transparencia del proceso y reiteró la invitación a Ripoll para que explicara la transparencia de la adjudicación. Ante la presurosa incorporación de Zaplana y Barberá al debate, cuando los populares adviertieron la posibilidad de un empate, Mollà se sonrió: "Algo tendrán que ocultar". El portavoz de EU-EV denunció la ausencia de claridad en la baremación y "la connivencia entre personas y grupos mediáticos con la parte mayoritaria del gobierno, el PP". Mollà cerró su intervención recordando cómo los populares abrieron la legislatura pidiendo comisiones de investigación, mientra que la cierran rechazándolas sin contemplaciones. La socialista Begoña Gómez-Marco invocó la reciente ponencia de Zaplana en el congreso del PP y aseguró que la adjudicación de las emisoras ha respondido al lema de "las oportunidades sólo para los amigos". La diputada socialista citó toda una serie de sociedades y nombres que se repiten en consejos de administración de sociedades de comunicación y publicidad que han recibido subvenciones millonarias de parte del Consell y que han sido adjudicatarias de la gran mayoría de las emisoras, a tenor de "una valoración técnica ridícula y escandalosa". Francesc Colomer, de Nova Esquerra, insistió en la "escasa biodiversidad mediática" que mostraba el espectro de adjudicatarios de las emisoras, impropio de un gobierno que se dice liberal. Ripoll, responsable último de la adjudicación, siguió las intervenciones desde su escaño pero no quiso aclarar ninguna duda. Serafín Castellano, como portavoz del PP, se aferró a la transparencia formal del concurso de adjudicación para negar cualquier irregularidad y calificó como "soflamas políticas" las intervenciones de la oposición. "¿Soflamas políticas?", le interrogó Mollà: "No pretenderá que cantemos el Cara al sol". La apresurada llegada de Zaplana y Barberá permitió finalmente a los populares evitar el brete. El presidente de la Generalitat apenas permaneció veinte sonrientes minutos en el hemiciclo. Por otra parte, el pleno de las Cortes Valencianas rechazó ayer la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista, apoyada por EU-EV y Nova Esquerra, al proyecto de ley de tarifas portuarias. La petición de devolución del proyecto de ley al Consell fue rechazada por 39 votos a favor y 45 en contra. Antes del debate, el consejero de Economía, José Luis Olivas, compareció en la Cámara para presentar la ley. Olivas explicó que "la regulación de los recursos públicos a los que se refiere la presente ley ha sido tradicionalmente confusa, contradictoria e imprecisa, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto de las comunidades y en el Estado". Olivas recordó también que una sentencia del Tribunal Constitucional obligó en 1995 a regular legalmente una situación que hasta entonces se consideraba como tasa. El portavoz socialista Enrique Ayet calificó de sorprendente que la Generalitat haya querido adecuarse a la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando cuatro años después ni el Estado ni otras autonomías se han adecuado a ella. Enrique Ayet calificó el proyecto de ley de autoritario porque deja en situación de indefensión a los usuarios, especialmente en caso de sanción. Para los socialistas, el proyecto de ley es precipitado y "desprovisto de marco normativo, absolutamente falto de calidad y transparencia y difícil de aplicar". Estreno de Ortells En el mismo pleno, el consejero de Agricultura, Salvador Ortells, anunció que su departamento tiene previsto crear este año un Servicio de Transmisión de Tierras de la Comunidad Valenciana. Ortells, en su primera intervención ante la Cámara, explicó que la finalidad de este servicio será constituirse en el titular de parcelas agrarias cedidas por sus propietarios al servicio de transmisión de tierras y crear un banco de datos de acceso público sobre las parcelas agrarias susceptibles de transmisión mediante venta o arriendo. Ortells dijo que las parcelas cedidas por los propietarios, y que pasarán a la titularidad del Servicio de Transmisión de Tierras, podrán ser subarrendadas para paliar el minifundismo, para facilitar la primera instalación de jóvenes en la agricultura, incrementar la dimensión de las explotaciones de agricultores profesionales e impulsar el establecimiento de campos de investigación y experimentación agraria. Ortells recordó que en los presupuestos figura una partida de cuatro millones para este proyecto.
