Las Cortes piden al Tribunal de Cuentas que fiscalice al Ayuntamiento marbellí

Una comisión mixta del Congreso y el Senado aprobó ayer dos propuestas presentadas por el PSOE e IU para encargar al Tribunal de Cuentas una fiscalización al detalle de la contabilidad del Ayuntamiento de Marbella desde 1990. La investigación de la gestión económica del municipio gobernado por Jesús Gil fue ratificada por unanimidad de todos los grupos. Además, un juez marbellí investiga la concesión de una licencia de obras en una zona verde otorgada por Gil una vez que la Junta andaluza vetase el plan de Urbanismo.

Una iniciativa similar de IU para indagar sobre las actuaciones del Ayuntamiento de Estepona, también gobernado por el partido de Gil (Grupo Independiente Liberal, GIL), fue rechazada por el PP y CiU. La comisión mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, reunida ayer en la Cámara baja, ratificó tanto la propuesta tramitada por el PSOE como la de IU sobre el Ayuntamiento de Marbella. Los socialistas hacían hincapié en su solicitud en que se indagara sobre la gestión económica, presupuestaria, contable y sobre las contrataciones en el citado municipio y en las múltiples sociedades participadas por éste. La demanda de IU insistía en esos mismos aspectos contables y sobre todo en lo relativo a las actuaciones administrativas de contratación, sometimiento a la legalidad y a los principios de economía, eficacia y eficiencia en el control del gasto público. El senador socialista Francisco José Zamorano aprovechó la sesión de ayer para reiterar la "constante vulneración de derechos fundamentales, especialmente del de participación", del alcalde de Marbella, cuyas actuaciones calificó como "caciquiles y a veces fascistas".

El portavoz del PP defendió el derecho de los ciudadanos a conocer qué hay detrás de las permanentes denuncias de irregularidades en esa corporación y se mostró a favor de coordinar la labor del Tribunal de Cuentas estatal y de la Cámara de Cuentas andaluza. El diputado de IU José Luis Centella recordó en ese sentido que el consistorio marbellí bloquea e impide el trabajo de esa Cámara desde 1995.

IU pidió, además, la investigación de "la posible desviación de fondos públicos a personas o entidades y la depuración de las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos examinados".

Durante el debate en la comisión, el diputado de IU reclamó que el Tribunal de Cuentas analizase también la contabilidad del Ayuntamiento de Estepona, en el que gobierna un hijo de Gil, porque entiende que en esa institución "se ha creado una administración paralela para desviar fondos públicos para fines particulares de quienes gobiernan". Esta propuesta no prosperó porque el PP y CiU apostaron ayer por diferenciar claramente ambas investigaciones ante la gravedad de las denuncias en marcha. PSOE e IU anunciaron que volverán a registrar esa oferta en otra ocasión.

Por otra parte, el Juzgado número 5 de Marbella ha abierto diligencias contra el Ayuntamiento de esa localidad por la concesión de una licencia de obras en zona verde después que la Junta de Andalucía vetara la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en julio, informa Jorge L. Soria. La Plataforma Ciudadana de Marbella y la agrupación Ecologistas en Acción denunciaron la construcción del edificio en una zona pública del casco urbano -autorizada el 11 de diciembre por la Comisión Municipal de Urbanismo- al entender que se cometió un delito contra la ordenación del territorio.

Los ecologistas consideran "especialmente grave" la concesión de esta licencia porque ignora el veto impuesto por el Gobierno andaluz al PGOU propuesto por Gil, en función del cual permite obras que "no se ajustan al planeamiento vigente". El Gobierno local autorizó a la promotora Lardea, SL, mediante el expediente 526/98, la construcción de un bloque de apartamentos que tiene más de 2.600 millones de pesetas de presupuesto.

La supuesta infracción también se denunció ante la delegación de Obras Públicas y Urbanismo de la Junta de Andalucía en Málaga. La plataforma ciudadana y la agrupación ecologista denunciaron ante la Junta la concesión de 22 licencias municipales de obras que no se ajustarían al PGOU vigente y que fueron autorizadas tras el veto al nuevo plan.

Los ecologistas advirtieron a los ediles que intervienen en las comisiones de gobierno, y que en otros casos declararon ante el juez que sus actos se acogían a informes legales, que ahora la paralización oficial del PGOU es pública.