El Ejecutivo no se ha opuesto al recorte de jornada aprobado en la capital y otros municipios madrileños

La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desató ayer las suspicacias en la Comunidad de Madrid, donde numerosos consistorios han acordado con sus comités de empresa, a lo largo de los dos últimos años, la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y no ha sido recurrido por la Delegación del Gobierno en la comunidad. Los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid (con gobierno del PP) disfrutan de esta situación desde mediados de 1996, y otro tanto pueden decir los trabajadores municipales de algunas de las principales ciudades, como Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Coslada, Torrejón de Ardoz o Alcobendas. En muchos casos, los convenios colectivos fijan la jornada en 1.512 horas anuales, como una fórmula diferida de aludir a las 35 horas por semana.

En cualquier caso, las dos centrales sindicales mayoritarias, UGT y Comisiones Obreras, coincidieron en criticar duramente el recurso presentado en Cataluña, aunque se mostraron convencidos de que no se reproducirá en Madrid. El secretario general de CCOO en Madrid, Rodolfo Benito, calificó lo sucedido de "salida de pata de banco de los tribunales", y agregó: "No se puede ir contra la autonomía de las partes en una negociación y quebrar sus acuerdos. Además, no creo que la misión fundamental de los delegados del Gobierno sea la de revisar los convenios colectivos". El secretario de acción sindical de UGT, Miguel Ángel Abejón, centró sus críticas en el "doble lenguaje" que emplea el PP en el debate sobre las 35 horas. "El Gobierno siempre ha sostenido la tesis de que la reducción de jornada debía dilucidarse mediante la negociación colectiva, pero ahora va e impugna eso mismo. Da toda la impresión de que el PP está poniendo chinas en los raíles para que descarrile el tren de las 35 horas", apuntó.

En 1997, la Delegación del Gobierno en Madrid emprendió una batalla implacable contra varios municipios que pretendieron subir el sueldo a sus empleados pese a la congelación salarial que imponía la Ley de Presupuestos. Sin embargo, hasta ahora no ha cuestionado nunca la jornada laboral.