El Tribunal Superior de Cataluña suspende la aplicación de las 35 horas en 9 corporaciones

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha suspendido cautelarmente los acuerdos plenarios tomados por ocho ayuntamientos y la Diputación de Barcelona, que durante el año pasado aprobaron la aplicación de horarios de 35 horas semanales entre sus funcionarios. La medida fue recurrida por la Delegación del Gobierno en Cataluña. La suspensión afecta a los ayuntamientos de Premià de Mar, Sant Adrià del Besós, Sant Feliu de Codines, Sant Pere de Ribes, Torelló, Tortosa, Calonge y Salt, además de a la Diputación de Barcelona.

El Tribunal ha basado su decisión en la Ley de Bases de Régimen Local, que establece que la jornada de los funcionarios debe ser igual en todo el Estado, es decir, de 37 horas y media. En esto coincide con la postura del Gobierno central. El ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, afirmó ayer que la decisión del tribunal catalán "es la consecuencia lógica de la aplicación de la ley". Además del recurso en estas corporaciones, el Gobierno ha anunciado que apelará la reducción de jornada acordada por la Junta de Andalucía y municipios como el de Tarragona. Este ayuntamiento aplicó una reducción simbólica a 35 horas el año pasado. En este ayuntamiento, el secretario ya advirtió que la medida podría vulnerar la ley, pese a lo cual el pleno decidió aprobarla.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Cataluña descartaron en su momento cualquier tipo de trasfondo político en estos recursos y los basaron en los dictámenes de la Abogacía del Estado. Estas fuentes recordaron que, al ser la Ley de Bases de Régimen Local de ámbito estatal, sólo puede ser modificada a través de un acuerdo en el Congreso de los Diputados.

Protestas sindicales

En Andalucía, el Gobierno regional acordó la semana pasada impulsar la reducción de jornada a 35 horas. Esta decisión también será recurrida por la Administración central si se aplica a los funcionarios. La Junta aprobó dar incentivos a las empresas que de forma voluntaria reduzcan la jornada hasta las 35 horas y creen empleo. El Gobierno es contrario a esta medida, aunque, a diferencia de la que afecta a los funcionarios de la Junta, no puede promover recursos en contra, ya que el Ejecutivo regional tiene competencias para ello. Tras conocerse la sentencia del TSJC, alrededor de 200 delegados sindicales se concentraron en Barcelona ante la Delegación del Gobierno en Cataluña para protestar contra la impugnación. Los manifestantes intentaron infructuosamente ser recibidos por la delegada del Gobierno, Julia García-Valdecasas. Los sindicatos se apresuraron ayer a urgir al Gobierno a que tome la iniciativa para reducir la jornada de los funcionarios a nivel estatal. CCOO exigirá al Gobierno que negocie la reducción de la jornada de los empleados públicos, dijo Javier Doz, secretario de información del sindicato. Doz señaló que el Gobierno debe dejar de ser ambiguo en este aspecto y establecer una ley marco con medidas que incentiven y promuevan la reducción del tiempo de trabajo no sólo en el sector público, sino también el privado.

Para CCOO, la rebaja de la jornada laboral debe concretarse a través de los convenios colectivos. Doz señaló que el Gobierno debe adoptar una postura uniforme para abordar la cuestión en el plan de empleo de 1999.

El dirigente de UGT Antonio Ordóñez acusó al Gobierno de "invadir y bloquear" la autonomía de las partes en los procesos de negociación colectiva. Ordóñez criticó que el Gobierno se dedique "a predicar" su apoyo a las iniciativas que se adopten a través de la negociación colectiva, "mientras niega la legalidad de las decisiones que se adoptan". El dirigente de UGT añadió que el debate sobre la implantación de las 35 horas semanales es "imparable", y el Ejecutivo debería ponerse "a la cabeza sin intentar descarrilar las iniciativas que se tomen. Para UGT de Cataluña, "la impugnación pone de manifiesto que el viaje al centro del PP no deja de ser un lifting de imagen".

La Generalitat se inhibe

Por su parte, la Generalitat de Cataluña se inhibirá en el pleito entre el Gobierno central y los ayuntamientos. Rafael Ortiz, director general de Relaciones Laborales del Gobierno catalán, dijo que la Generalitat no tiene competencias en la regulación de la jornada de los empleados municipales, puesto que las corporaciones locales son autónomas y, por tanto, no tiene posibilidad de intervenir en este proceso legal. "La Generalitat no puede hacer nada", apostilló. El director general del Gobierno catalán recordó que el sistema de incentivos económicos aprobado por el Gobierno catalán en 1997 no tiene como objetivo promover la reducción de jornada, sino fomentar el empleo. El secretario de empleo del PSOE, Joan Lerma, exige al Gobierno que modifique la ley para que los ayuntamientos puedan reducir jornada. El portavoz de empleo de IU en el Congreso, Pedro Vaquero, calificó de "demagógicas" las medidas tomadas por algunas comunidades autónomas y ayuntamientos a favor de la reducción de la jornada e insistió en que el Gobierno debe aprobar una ley que implante esta jornada laboral con carácter general.