La Fiscalía rusa denuncia una corrupción sin precedentes entre los funcionarios

"La escala de la corrupción entre los funcionarios rusos no tiene precedentes", aseguró ayer el fiscal general en funciones, Yuri Chaika, al día siguiente de que dimitiera su jefe, Yuri Skuratov, por motivos aún envueltos en el misterio. Sólo hay cuatro países, añadió, en los que las cosas están aún peor que en Rusia: Venezuela, Nigeria, Pakistán y Camerún. No es la primera denuncia. Dos días antes, el primer ministro Yevgueni Primakov abogó por amnistiar a 94.000 presos para hacer hueco en la cárcel a los corruptos, e incluso Borís Yeltsin ha lanzado sonoras campañas.

Así las cosas, lo normal sería que el país estuviera bajo estado de choque y que el conjunto de fuerzas políticas y de instituciones tomaran medidas inmediatas y efectivas para detener el saqueo del Estado. Nadie espera que eso ocurra. Puede que el viento o las alas de su propio nombre (que en ruso significa gaviota) se lleven las palabras de Chaika, pero lo cierto es que presentó un panorama aterrador. Aunque 2.000 funcionarios fueron sentenciados el año pasado a diversas penas por aceptar sobornos, afirmó, muchos otros han escapado indemnes gracias a que los tribunales dictan contra los corruptos sentencias demasiado suaves y con frecuencia suspendidas.

Otra revelación de Chaika, para quien la corrupción es, actualmente, "el factor más destructivo" de Rusia, fue que el pasado año se exportaron ilegalmente 1,3 billones de pesetas, más dinero del que se busca desesperadamente para superar la pavorosa crisis económica.

Rusia necesita esos fondos y las decenas de billones evadidos anteriormente. Para lograrlo, Chaika propone dos soluciones: o la amnistía para la repatriación de capitales, o la utilización hasta sus últimas consecuencias del código penal. También pidió a los fiscales que tengan mano dura con los bancos para "combatir los crímenes económicos", sobre todo en los procesos de privatización, comercio exterior, impuestos y aduanas.

Aún no está claro por qué dimitió el fiscal Skuratov, que nunca acompañó con resultados concretos sus espectaculares y generalizadas denuncias e investigaciones abiertas sobre personajes clave de la vida política y económica. Pero su renuncia se produjo cuando tenía entre manos tres casos muy delicados: el de las responsabilidades del anterior equipo del Banco Central en la crisis de agosto, el que investigaba al magnate y ex viceprimer ministro Vladímir Potanin por la privatización de parte del monopolio eléctrico, y el que apuntaba al maquiavélico millonario Borís Berezovski por supuesto espionaje telefónico a Yeltsin y su familia.

Motivos poco claros

Las "razones de salud" esgrimidas oficialmente no convencen a nadie, sobre todo cuando el presidente abandonó el martes el sanatorio para presentarse en el Kremlin, dar fe de la renuncia de Skuratov y pedir al Consejo de la Federación (Cámara alta del Parlamento) que la aceptase. El propio Yeltsin ha reconocido que el crimen organizado ha lanzado un asalto al poder que se apoya en el soborno, en el que invierte la mitad de sus beneficios. Algunos estudios aseguran que los diferentes grupos mafiosos controlan 1.500 empresas estatales, 500 mixtas y 550 bancos.

Según el Ministerio del Interior, la economía negra supone el 40% del producto interior bruto y la corrupción cuesta al país dos billones de pesetas al año, de sobra para pagar los atrasos a millones de trabajadores y pensionistas.

Hace un par de meses, el dirigente liberal Grigori Yavlinski aseguró que los cargos en el Gobierno se venden al mejor postor. No pudo probar su acusación, pero ha habido varios casos que muestran que la corrupción ha llegado a lo más alto. Uno de los más sonados vivió ayer un espectacular episodio: Valentín Kovaliov, ex ministro de Justicia, fue detenido por apropiación indebida de fondos públicos, fraude y tenencia ilícita de armas. Kovaliov fue destituido en julio de 1997, cuando se difundió un vídeo que le mostraba desnudo con mujeres que también lo estaban en una sauna frecuentada por mafiosos.

La acusación que tiene ahora entre rejas a Kovaliov, aislado en una celda de la prisión moscovita de Butirskaya, es la de haberse quedado con más de siete millones de pesetas de un fondo del Ministerio de Justicia cuya administración encabezaba.