El fiscal acusa al gerente del Instituto del Taxi de coaccionar a los taxistas

El gerente del Instituto Metropolitano del Taxi (Imet), José Pedro Novoa, ha sido acusado por el fiscal de un delito de coacciones, por el que pide para él una pena de dos años de cárcel. Novoa está inculpado en un proceso abierto en el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona. Diferentes taxistas presentaron denuncia contra Imet por obligarles a pagar la cuota del plan de viabilidad.

El plan de viabilidad del taxi se acordó el año pasado y con él se persigue amortizar en cinco años un total de 1.215 licencias, así como limitar a un 5% de la flota el número de taxis autorizados a trabajar en doble turno. En virtud de ese plan, el Imet giró los recibos de una contribución especial que debía ser abonada por todos los taxistas de la ciudad. Un grupo de taxistas que discrepaban con el contenido del plan decidieron presentar una impugnación y consignar el importe de la cuota en la Caja General de Depósitos. En el escrito de calificación provisional el fiscal expone que el gerente del Imet tenía la firme intención de recaudar esa cuota, por lo que redactó una serie de circulares, cinco en total, en las que se "denegaban los trámites administrativos relacionados directamente con el funcionamiento del taxi a todos aquellos que no hubieran abonado la contribución especial". El fiscal explica que, por ejemplo, en aplicación de una de las circulares no se tramitó el alta de conductores asalariados de los taxis que no habían pagado la contribución especial. Lo mismo ocurría cuando los taxistas que se negaban a pagar la cuota intentaban tramitar la renovación de carnets. Otra circular condicionaba la salida del depósito de los vehículos al pago de la primera fracción de la citada cuota. Otros taxistas se encontraron con la imposibilidad de pintar las calcas del vehículo sin previo pago de la cuota. El fiscal aprecia en la actuación de Novoa la agravante de haberse aprovechado de su condición de funcionario público. El cobro de la cuota del plan de viabilidad suscitó la oposición de buena parte del sector. El proceso por el que Novoa será juzgado fue propiciado también por algunas de las empresas que explotan flotas de taxis. Estas empresas reclaman ahora ante los tribunales una indemnización por los perjuicios causados. Muchos autónomos optaron, sin embargo, por pagar la cuota y no recurrir a los tribunales "para poder trabajar", según explicaba ayer mismo un taxista.