Villalobos pacta con dos de los cuatro sindicatos el desbloqueo del convenio

El equipo de gobierno del PP en Málaga, presidido por Celia Villalobos, ha alcanzado un acuerdo con la Unión de Policías Locales y Bomberos (UPLB), y con el Confederación de Sindicatos Independientes de Funcionarios (CSIF), para desbloquear la situación en la que se encuentra el convenio colectivo de los 2.500 funcionarios municipales y que está suspendido en su aplicación desde octubre del pasado año por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El acuerdo ha sido ratificado por la junta de personal del consistorio, donde estas dos centrales son mayoritarias, y ha sido rechazado por Comisiones Obreras y UGT, los sindicatos que perdieron el control de este órgano en las últimas elecciones sindicales celebradas el pasado mes de diciembre. El acuerdo afecta inicialmente a los funcionarios y no al personal laboral, ya que no ha sido, de momento, respaldado por el comité de empresa, órgano donde CC OO y UGT tienen mayoría. El distanciamiento entre los sindicatos parece evidente en esta negociación. De mantenerse esta situación se produciría una situación de anormalidad, ya que los funcionarios lograrían unos incrementos salariales por encima de los que disfrutarían los laborales. Por este motivo, el equipo de gobierno se mostró ayer convencido de que CC OO y UGT "no tendrán más remedio que aceptar el acuerdo". El acuerdo pretende solapar legalmente el hecho de que los incrementos salariales para los funcionarios fueran superiores a los estipulados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que fue lo que llevó a la Subdelegación del Gobierno de Málaga a recurrirlos ante el alto tribunal andaluz. La intención es realizar una nueva recalificación de los puestos de trabajo en el consistorio y abonar, mientras tanto, estas cantidades a cuenta. Desde que en octubre se dictara la suspensión del convenio, el Ayuntamiento de Málaga ha vivido un clima de conflictividad laboral. Los policías locales han realizado algunas jornadas una huelga de celo en cubierta, que se ha traducido en una reducción del número de multas, y en dos ocasiones las protestas de los trabajadores obligaron a suspender sendos plenos municipales.