Trabajo busca base legal para recurrir la subida de pensiones en Andalucía

El ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, advirtió ayer que no piensa permitir que "desde ningún ayuntamiento o comunidad autónoma se introduzcan decisiones que atenten contra el principio de igualdad de los ciudadanos". Ese paso lo ha dado, en su opinión, la Junta de Andalucía, con una subida de las pensiones que gestiona superior a la decidida por el Gobierno. Trabajo busca bases legales para recurrir ese incremento.

Cuando parecía ya cerrada la polémica en torno a la decisión adoptada por el Gobierno autónomo andaluz el pasado 29 de diciembre, el ministro de Trabajo aseguraba ayer que la misma vulnera el consenso alcanzado por todos los partidos en el Pacto de Toledo. Un acuerdo por el que se decidió sacar "del mercadeo político" el tema de las pensiones. Pimentel aseguraba ayer: "Tenemos que administrar con responsabilidad ese tesoro", y con ese argumento su ministerio estudia si hay base jurídica para recurrir la medida adoptada por la Junta que preside el socialista Manuel Chaves. Si no la hay, Trabajo actuará como "guardián" del principio de igualdad de oportunidades "en las normas que se debatirán el próximo año", es decir en la renovación del Pacto de Toledo

La decisión de la Junta se refiere a las pensiones que gestiona el gobierno autónomo, que han subido por encima de las del resto de España (1,8%). Las 107.500 no contributivas de esa comunidad se han incrementado un 3,6% y las 46.856 asistenciales un 5,5%.

En cuanto a los incentivos para impulsar la jornada laboral de 35 horas, Trabajo reconoce que las competencias de las comunidades autónomas están más claras, pero en la próxima conferencia sectorial Pimentel planteará que se abra un debate para armonizar las iniciativas que se tomen.

Balance

El ministro de Trabajo hizo esas afirmaciones al presentar el balance de la Seguridad Social en 1998, año calificado de "histórico" al haber registrado un aumento de los afiliados ocupados del 6%. El número de cotizantes se ha incrementado en 786.862 y la cifra total se ha situado en 13.816.000. Esa subida es superior a la creación de puestos de trabajo (en torno a 460.000) y se debe a que han aflorado empleos sumergidos. En el régimen general, el incremento de afiliados ocupados se ha situado en el 7,4%, y en el de autónomos, en el 4,3%. Por sectores, la mayor subida corresponde a la construcción con un aumento del 16% entre los cotizantes por cuenta ajena y del 8% de los afiliados por cuenta propia.

Los ingresos del sistema público se han incrementado un 5,72%, y la recaudación voluntaria por cotizaciones de trabajadores ocupados un 8,76%. Los gastos por prestaciones han tenido un aumento inferior, el 4,30%, lo que en palabras de Pimentel "demuestra que tenemos un sistema de Seguridad Social solvente y sólido".

Con ello, el déficit ha continuado la senda de reducciones. El año 1995 se cerró con un 0,72% del producto interior bruto; 1996, con un 0,62%; 1997, con un 0,23%; y 1998, con un 0,15%, algo inferior al 0,16% previsto. Para este año, se estima que quedará en el 0,10%.

Las deudas del conjunto de las Administraciones Públicas con la Seguridad Social han pasado de 111.000 millones de pesetas a finales de 1997 a 81.000 millones el pasado año. El ministro aseguró que su departamento va a seguir intentando que las administraciones firmen convenios para ponerse al día en sus deudas.

Las empresas adeudan 1,398 billones, frente a los 1,552 billones de finales de 1997. En la lucha contra el fraude, la Seguridad Social ha logrado un ahorro total de 587.531 millones de pesetas a través de la recaudación ejecutiva y de la retirada de prestaciones.