La Audiencia de Málaga se declara competente para juzgar la supuesta estafa de Intelhorce

La Sala Tercera de la Audiencia de Málaga se declaró ayer competente para juzgar la presunta estafa en la privatización y gestión de Intelhorce, tres meses después de iniciarse la vista oral de este largo proceso, a pesar de que uno de los magistrados - Federico Morales, el juez ponente- emitió un voto particular en contra. La decisión ha sido adoptada tras dos semanas de deliberación y zanja una de las cuestiones previas más importantes planteadas por algunos letrados, que entendían que el caso debía ser trasladado a la Audiencia Nacional.

El auto será notificado hoy a las partes personadas esta mañana e incluye una resolución de unos 20 folios y un voto particular del magistrado Federico Morales de más de 60. Este último, que era ponente del auto, explicó ayer su desacuerdo con que el juicio se celebre en Málaga, pues explicó que "la presunta estafa afectó a la economía nacional y tuvo efectos económicos sobre el interés nacional" y que, en consecuencia, el caso debía ser visto por la Audiencia Nacional. En su escrito, Morales recoge, además, los planteamientos de otros letrados defensores que expusieron que la competencia territorial en el caso la tienen los juzgados de Madrid, al haberse producido en la capital de España algunos de los delitos más graves que se imputan a los acusados. Ninguna de las dos argumentaciones del juez ponente han sido asumidas por los otros dos magistrados de la sala, que se han considerado competentes para enjuiciar las presuntas irregularidades en la privatización y posterior gestión Economía nacional De un lado, la sala entiende que "aunque la defraudación es importante, no está acreditado que afecte a la economía nacional". A juicio de los magistrados, este hecho además nunca ha sido puesto de manifiesto ni por el abogado del Estado ni por la Fiscalía "en fase alguna del proceso". En cuanto a la competencia territorial, la sala señala en el auto que la descapitalización de la factoría a través de las disposiciones de fondos "se decidió desde la fábrica, aunque las cuentas de donde se sacaron el dinero estuvieran en el Banco Exterior de España en Madrid". El presidente de la sala, Miguel García, indicó ayer a los letrados que la resolución no puede ser recurrida. La decisión de que el caso más complejo instruido en la historia judicial malagueña se juzgue en Málaga, no garantiza sin embargo la continuidad de la vista oral. Tras zanjar la cuestión de competencia del tribunal, la mayoría de los abogados defensores han iniciado una nueva batalla legal para buscar la nulidad del proceso. Los letrados de los principales acusados plantearon ayer una cuestión de causa ya juzgada. La solicitud se basan en que la primera denuncia que recibieron los juzgados sobre las irregularidades presuntamente delictivas en Intelhorce fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga. En octubre de 1991, CC OO puso una denuncia por motivos muy similares a los instruidos después, en la que ya se apuntaban datos sobre el incumplimiento de Giovanni Orefici de los compromisos contraídos con el Estado para adjudicarse la empresa y del proceso de descapitalización sufrido por esta en dos años. El juez entendió que los hechos relatados no eran constitutivos de un delito penal, sino de un contencioso-administrativo. Este sobreseimiento no fue recurrido por el Ministerio Fiscal. El actual proceso se inició a raíz de una nueva denuncia que en noviembre de 1994 presentó UGT, que se sumó en la instrucción a una querella presentada por la Dirección General de Patrimonio del Estado. Para algunos letrados "los hechos de ambas querellas eran prácticamente idénticos", por lo que entienden que no pueden ser juzgados otra vez. Aún restan por debatirse otras cuestiones previas como la posible vulneración de derechos fundamentales en la instrucción; la celebración de la vista sin uno de los principales imputados, el que fuera administrador único, José Miguel Muñiz; y la posible prescripción de algunos de los delitos juzgados.