Una investigación ordenada por las Cortes en 1994 descubrió numerosas irregularidades urbanísticas

A finales de 1994, la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, por mandato de las Cortes, puso en marcha una investigación encaminada a desgranar la situación de legalidad urbanística en el municipio de Orihuela desde 1987, un año después que Luis Fernando Cartagena accediera a la alcaldía de la capital de La Vega Baja. En febrero de 1995 el informe se hizo público, y las conclusiones eran demoledoras respecto a los mecanismos que el Ayuntamiento oriolano empleaba para autorizar urbanizaciones, sobre todo en la costa, que carecían de la oportuna cobertura legal. En ese documento consta una queja de los investigadores por la escasa colaboración encontrada en las autoridades locales, pese a lo cual se contabilizaron 2.080 viviendas costeras y dos campos de golf construidos de forma ilegal, y se advertía que el listado podía verse incrementado con edificaciones de dudosa legalidad levantadas en otras áreas del término municipal. La investigación abierta en el Ayuntamiento a partir de la pérdida de la mayoría absoluta del PP, y la reclamación de una indemnización por importe superior a los 21.000 millones de pesetas por parte de una promotora con sede en Madrid, ponen en valor aquel informe de la Generalitat, que a lo largo de 44 folios recrea numerosas infracciones urbanísticas y constata la inactividad municipal para poner freno a los desmanes. Los técnicos de la Consejería de Urbanismo se mostraron contundentes a la hora de significar que "la práctica totalidad" de los actos de reparcelación, urbanización y edificación realizados en Orihuela sin cumplir los requisitos legales se localizaban en la zona costera del municipio. "No nos consta", se lee en el informe, "que existan órdenes de paralización dictadas por el Ayuntamiento, como se deduce de su construcción y terminación en la mayoría de las ocasiones sin que nada se lo impidiera". A posteriori, el equipo de gobierno local que presidía Luis Fernando Cartagena acometió una revisión del planeamiento urbanístico de la ciudad para declarar el territorio afectado como urbano o urbanizable, al objeto de regularizar las actuaciones. Por aquella época, a Cartagena le llovían las sanciones dictadas por el entonces consejero del ramo, el socialista Eugenio Burriel, mientras las querellas y reclamaciones administrativas tramitadas por propietarios afectados se contaban por decenas. A este respecto, el capítulo del informe dedicado a las conclusiones es clarificador: "Debe tenerse en cuenta", señalan los investigadores, "que esta situación nunca debió producirse si el Ayuntamiento hubiera ejercido sus prerrogativas públicas, incoando y tramitando el obligado y correspondiente expediente de disciplina urbanística".