Viviendas, desahucios, especulación

No está arreciando sólo en España -dentro de Europa- el agravamiento del problema de la vivienda, a causa, sobre todo, de las demasías regresivas a que ha venido entregándose el "pensamiento único" y que, en materia habitacional, ha puesto las cosas mucho peor de lo que lo estuvieron durante largas décadas de política más social y estabilizadora en ese terreno. Sólo en los países del euro hay más de dieciocho millones de personas sin vivienda y, a la vez, muchos millones de viviendas vacías, retenidas especulativamente (sólo en Francia, más de dos millones de viviendas se encuentran así). Y habiendo llevado a las nubes la especulación con los precios inmobiliarios, con toda clase de efectos negativos y, entre ellos, una fuerte sobrecarga en la demanda de viviendas públicas, que las administraciones no pueden satisfacer.Mal ampliamente extendido, pues, a impulsos de la ofensiva neoliberal, pero que en España nos está azotando con mucha dureza, y de modo acentuadamente traumático en Madrid, con subidas espasmódicas de los precios, más de doscientas mil viviendas vacías y cerca de veinticinco mil familias desahuciadas en el municipio madrileño hasta finales de 1998 y desde la entrada en vigor, en enero de 1995, de la cruenta ley de desahucios, que fue precedida del "decreto Boyer" y del decreto de mayo de 1993 contra los adquirientes y usuarios de viviendas de protección oficial.

Y siendo ilusorio pensar que dando más franquía para especular con el suelo -como se viene haciendo- se van a abaratar las viviendas. Ya que hay que tener bien presente que si el suelo es caro es porque lo son las viviendas, y la política de contención y reequilibrio ha de empezar por éstas, frenando sustancialmente en ellas la especulación y los desahucios, y no con parches inoperantes, cuando no contraproducentes, como los pretendidos impuestos a las viviendas desocupadas.

Lo que hay que hacer es poner coto directo a la especulación, restablecer -y aun reforzar- los suprimidos derechos de los usuarios y reducir en gran medida todas y cada una de las cargas fiscales que pesan sobre la promoción, la adquisición y la puesta en uso de las viviendas.- Presidentes de asociaciones de vecinos.