"La justicia y la política, radicalmente separadas"

El PP no tuvo problema para aprobar, en su ponencia La España de las libertades, que "la justicia y la política deben tener sus propios espacios de actuación y estar radicalmente separadas".La ponente, Luisa Fernanda Rudi, alcaldesa de Zaragoza, reconoció que en el pasado, hasta las elecciones de 1996, ese fenómeno se dio con fruición. Efectivamente, el permanente reproche de los socialistas a los populares era que, como partido, se personaban como acusación en todas las causas abiertas contra ellos.

El documento recoge un amplio abanico de asuntos: desde las reformas de la Administración o la propuesta de una Comisión Nacional de Bioética hasta la necesidad de que haya "una evaluación continua" del trabajo de los jueces.

Sin avanzar en los contenidos, se respalda una nueva regulación de la televisión pública, ya que la actual resulta "antigua y obsoleta". Así, el PP buscará el consenso con las demás formaciones sobre el nuevo modelo y su financiación.

Rudi rozó algunos temas de otras ponencias: "En el PP propugnamos un Estado suficiente para cumplir las misiones que garanticen los servicios públicos". Las alusiones al tamaño del Estado son las más criticadas por el PSOE, según el cual el PP quiere reducirlo a su "mínima expresión" y dar prioridad al sector privado.

Pero de los textos no se desprende con claridad intención alguna. Los populares quieren defender los derechos de las mujeres -en ello se extendió Rudi con vehemencia-, la protección del menor, el derecho a la intimidad en la nueva sociedad de la información, la creación de un Tribunal Penal Internacional...

Los populares no son ambiguos, sin embargo, al pedir que se modifique la Ley del Jurado para caminar hacia un modelo mixto. También reiteran su malestar por que a los miembros del Consejo General del Poder Judicial se les elija principalmente por cuotas de los grupos parlamentarios. A su entender, esa capacidad debe corresponder a los jueces y las asociaciones profesionales.